El 155 permitirá relevar al Govern desde el viernes por la tarde

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para solicitar al Senado que apruebe la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Senado tendrá un rol decisivo durante este proceso, pues será el órgano encargado de aprobar la aplicación de la medida. Este mismo sábado, tras el Consejo de Ministros, la Mesa del Senado ha confirmado que la comisión que debatirá las medidas consensuadas por el Ejecutivo se constituirá el próximo martes 24 de octubre a las 13 horas. Esta comisión dará plazo hasta el jueves por la mañana a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, para presentar alegaciones o acudir a la Cámara Alta. Tras esto, y si Puigdemont no vuelve a la legalidad, el Pleno del Senado que aprobará el permiso para aplicar las medidas acordadas por el Gobierno se celebrará el viernes 27 de octubre a las diez de la mañana. El artículo 155 facultará al presidente del Gobierno de España para disolver el Parlamento autonómico catalán y convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Además, el Gobierno ha pedido al Senado que autorice el cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros. Sus funciones recaerán sobre los órganos que el Consejo de Ministros designe cuando el acuerdo del Senado se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, la aplicación del 155 supondrá también que el Gobierno, o el órgano que designe para ello, asumirá el mando de los Mossos d'Esquadra y también podrá cesar o nombrar a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio. Por último, el Gobierno asumirá la totalidad de ingresos y gastos de la Generalitat para garantizar que sus fondos no se destinen a actividades vinculadas con el secesionismo.

Carles Puigdemont ha respondido al acuerdo entre Gobierno, PSOE y Ciudadanos y ha anunciado que va a pedir una sesión en el Parlament para debatir la respuesta al artículo 155. El presidente de la Generalitat ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de perpetrar un «golpe» y ha advertido que actuarán «en consecuencia». En su declaración institucional, que ha pronunciado en catalán, castellano e inglés, Puigdemont ha acusado al Gobierno de Rajoy de querer «teledirigir desde Madrid la vida en Cataluña» sin apoyos y «en contra de la voluntad de la mayoría». El presidente de la Generalitat ha ido más allá y ha acusado a Rajoy de llevar a cabo «el peor ataque a las instituciones y el pueblo de Cataluña desde la dictadura de Francisco Franco». Las palabras del presidente de la Generalitat han llegado tras las de Carme Forcadell, presidenta del Parlament, quien, en la misma línea, ha asegurado que los secesionistas «no darán un paso atrás».

La democracia vuelve a Cataluña

Nuestra democracia ha entrado en una nueva fase para la pervivencia del sistema constitucional de 1978. Lo imperativo era sofocar una rebelión contra la esencia misma de España y su Estado de Derecho. Las consecuencias de la aplicación del artículo 155 por primera vez en la historia son imprevisibles, pero ello no obsta para sostener que la decisión adoptada por el Gobierno era imprescindible e inevitable. Era imposible que el Estado fuese permisivo un solo minuto más esperando una rectificación de Puigdemont, porque en su delirio ha convertido su causa secesionista en una obsesión enfermiza, que ya empuja a los catalanes a la ruina. El mal está hecho y la fractura social es demoledora. Al Estado solo le quedaba el recurso de una profunda intervención, que en absoluto es discrecional o autoritaria. Lo que ha hecho el separatismo no es política, sino un atentado puro y duro basado en un odio irracional a España, hasta el punto de arrastrar a Cataluña a un proceso autodestructivo del modo más inconsciente e indigno. A Puigdemont solo le cabe dar marcha atrás y no dañar más a consejeros y funcionarios con su rebeldía. No es un mártir de nada, y menos aún un mesías. Su reacción se quedó en un dislate, aludiendo retrospectivamente al franquismo, un mero lloriqueo en el que se limitó a pedir un pleno en el Parlament para discutir qué hacer. Es un delincuente reiterado. Controlar el Parlament y acallar a un Ejecutivo sedicioso, monitorizar a los Mossos desde su cúpula, e impedir que la radio y televisión públicas sean más tiempo los altavoces de una insurrección, es lo mínimo que debe hacer el Estado de Derecho. Pero ahora, lo que compete al Estado de Derecho es controlar el Parlament y acallar a un Ejecutivo sedicioso, monitorizar a los Mossos desde su cúpula, e impedir que la radio y televisión públicas sean más tiempo los altavoces de una insurrección. Nuestra democracia no solo no agoniza, sino que se revaloriza con lo ocurrido, incluso aunque la legislatura se vea forzosamente acortada por la retirada del apoyo del PNV al Gobierno. Hoy esas cábalas son secundarias. El artículo 155 puede que no sea una varita mágica, pero es el instrumento esencial del que se valió el constituyente para garantizar la soberanía nacional. Cuestionarlo es un ejercicio de cinismo intelectual. Si el Gobierno no actuase, prevaricaría. Era indispensable la aplicación del 155. Ya no cabe más modulación en la respuesta, ni más árnica con quienes no la merecen invocando falsos llamamientos al diálogo.