Un gasto de casi 4.000 millones en plena desaceleración

Pedro Sánchez recupera el subsidio a los 52 años y amplía la baja paternal a 16 semanas en 2021

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados ABC
Susana Alcelay

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Pedro Sánchez ha logrado sacar adelante los decretazos aprobados en los «viernes sociales» y ahora habrá que pagarlos. En plena desaceleración de la economía y con las cuentas en números rojos, el Congreso ha respaldado al Gobierno para que comprometa un desembolso de al menos 3.600 millones.

Todas las medidas sociales ya están en vigor, entre ellas las de mayor impacto: la percepción de subsidio de paro desde los 52 años y la ampliación del permiso de paternidad hasta ocho semanas este año, a 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021 , igual que las madres. Son las medidas estrellas y también las de mayor cuantía; sumarán 2.606 millones , de los que 1.340 corresponden a la ayuda por desempleo y 1.266 a las mejoras para los padres.

El Gobierno ha hecho en un mes lo que no hizo en ocho. Por su «urgente necesidad» el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la recuperación por el Estado de la cotización de las cuidadoras de familiares dependientes y mejoró hasta los 341 euros, un 17% más, la prestación por hijo a cargo para familias en situación de pobreza. Ambas recibieron ayer el visto bueno de la Cámara Baja y su coste conjunto asciende a 656 millones.

Las pensiones de incapacidad permanente han mejorado mil euros con un coste superior a 25 millones y ya están en vigor una sucesión de bonificaciones a la contratación pese a que el partido en el Gobierno siempre se mostró contrario a este tipo de ayudas en un momento en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de 18.000 millones. Están en marcha ayudas a la conversión de contratos temporales de eventuales agrarios en indefinidos (12,78 millones), a la contratación de desempleados de larga duración (25,6 millones) y para prolongar la actividad de trabajadores con contratos fijos discontinuos en el sector turístico (22 millones) . Más de 42 millones irán a compensar con una bajada de cuotas a los trabajadores del campo por la repercusión negativa del salario mínimo.

La recuperación del Fondo estatal para la integración de inmigrantes se llevará 70 millones y la reforma de la estiba se ha dotado con otros 120 destinados a mantener el empleo y la prejubilación de los trabajadores. Lo llamativo es que la norma se ha aprobado «in extremis» tras dos años de parón desde que recibiera el visto bueno del Ejecutivo de Rajoy.

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