La Fiscalía tilda de «sarcasmo» que los huidos recusen al tribunal del 1-O

En un contundente escrito ante la «Sala del 61» dice que el intento de apartar a los jueces es un «artificioso cauce» para obstaculizar el proceso

La fiscal general del estado, María José Segarra, en una imagen del pasado junio EFE

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Sarcasmo, fraude, inasumible, sin sustento, absurdo... La Fiscalía del Tribunal Supremo no escatima en sustantivos ni adjetivos para destapar la estrategia obstrucionista de los procesados por rebelión en el marco del juicio del 1-O. En un contundente escrito ante la Sala especial que decidirá sobre las recusaciones de los magistrados que forman el tribunal de esa vista, la conocida como «Sala del 61», el Ministerio Público critica el intento de los líderes independentistas de apartar a estos cinco jueces alegando una falta de imparcialidad que no se sostiene.

En un momento en el que, en paralelo y fuera de nuestras fronteras, se ha puesto de manifiesto el interés de los huidos por desacreditar el sistema judicial español -con la demanda civil a Llarena, y con ella, a todo el Estado de Derecho- , la Fiscalía critica especialmente las recusaciones promovidas por el expresidente Carles Puigdemont y otros dos huidos: Clara Ponsatí y Lluís Puig .

«Constituye un sarcasmo que accione la recusación quien está huido de la justicia. Los recurrentes no pueden accionar la justicia en un procedimiento en el que ha sido declarada su rebeldía por haberse sustraído a la autoridad del juez y a la persecución del delito y averiguación de responsabilidades por nuestra jurisdicción soberana», subraya el fiscal Jaime Moreno en su informe ante la Sala que en sumomento ilegalizó Batasuna.

A su juicio, «es completamente absurdo que recusen a un tribunal que no va a juzgarles por hallarse en rebeldía y a cuya jurisdicción se han sustraído eludiendo la acción de la Justicia» , insiste. Para Moreno, uno de los cuatro fiscales que llevan el caso -junto con Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas- se trata de «fraude procesal» y un «atentado a la buena fe».

Respecto a los procesados que sí se sentarán en el banquillo en el juicio previsto para este otoño, el Ministerio Público considera que tampoco en este caso se dan las razones para apartar a los miembros de ese tribunal cuya imparcialidad cuestiona: Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral. Los cinco que lo componen.

A su juicio, las causas de recusación -entre las que citan el hecho de que algunos admitieran la querella de la Fiscalía en octubre, que participaran en la resolución de recursos contra decisiones del instructor Llarena, que juzgaran a Francesc Homs o simples «cuestiones ideológicas»- se fundamentan únicamente en «apreciaciones o impresiones subjetivas y personales de los acusados sin sustento probatorio alguno» .

«Los procesados -señala- están intentado alterar por este artificioso cauce» la composición de un tribunal legalmente constituido y conseguir otro «a la carta», lo que supone una «flagrante vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y del derecho a un proceso sin dilaciones que consagra el artículo 24 de la Constitución».

Premisas inasumibles

Sobre las sospechas de parcialidad sobre los magistrados, el fiscal dice que no están «ni legítimamente ni objetivamente justificadas». Parten de una premisa «absolutamente inasumible y objetivamente inocua» : el hecho de que, sin analizar ni prejuzgar nada, miembros de esta Sala Segunda abrieran una una investigación para depurar los hechos formulados en la querella de la Fiscalía.

Lo mismo puede predicarse de las causas de recusación basadas en haber resuelto recursos sobre competencia, haber intervenido en casos análogos, o las que cuestionan la ideología de los magistrados, que no constituyen más que «artificiosos cauces para obstaculizar el proceso y una anómala extensión indebida de las causas legales de recusación».

Libertad ideológica

Respecto a esta referencia a cuestiones ideológicas de los magistrados, «arbitrariamente presumida por pertenecer a la misma Sala que el instructor (Pablo Llarena), Moreno recuerda que la ideología «es un valor constitucionalmente protegido que no puede confundirse con la amistad o enemistad ni con el interés directo o indirecto en el pleito». «Que el derecho a la libertad ideológica de los magistrados pretenda ser anulado por la imaginaria causa de recusación revela un profundo desprecio por el respeto debido a los derechos fundamentales y valores del Estado de Derecho », señala el representante del Ministerio Público.

Con este escrito sobre la mesa, el miércoles se reúne la «Sala del 61» para decidir sobre estas recusaciones. Esta Sala especial, que preside el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, está formada por los presidentes de las cinco Salas del Supremo y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

Sin embargo, no formará parte de la deliberación ningún integrante de la Sala Penal al estar recusados, entre otros, su propio presidente, Manuel Marchena, quien presidirá, además, el tribunal que juzgará a la cúpula del «procés».

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