La familia de Antonio Cedillo busca justicia en Madrid

Félix Manzanos Martínez formó parte del comando de ETA que el 14 de septiembre de 1982 mató a tiros en el País Vasco a seis policías nacionales, entre ellos a Antonio Cedillo. En 1998 se supo que el asesino estaba en Cabo Verde recibiendo transferencias bancarias del entorno etarra, que se prolongaron durante cinco años. No se le persiguió, no hubo juicio ni sentencia, no se hizo «absolutamente nada», de modo que el caso ha prescrito. Ahora está en Portugal, por que el presunto criminal tiene un facebook. Así lo asegura el hijo de Cedillo, José Miguel, que junto a su madre y viuda, María Dolores García, se concentraron ayer ante el Ministerio del Interior para exigir «justicia, una reparación», algo que volverán a hacer hoy y todos los días hasta que el titular del departamento, Jorge Fernández Díaz, les reciba.

Se lo pidieron por escrito el 26 de agosto.

La lucha directa de José Miguel para para hacer escuchar su voz comenzó hace cuatro años. Cuando reunió las energías suficientes para localizar quiénes habían sido los asesinos de su padre, una pesadilla a la que nunca se atrevió a mirar de frente durante toda una vida de traumas rodeado de médicos, psicólogos y psiquiatras. Acudió entonces con los datos de que disponía, -narra-, a la Oficina de de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior, donde certifica que recibió la misma respuesta que hace una semana le dio a su madre en persona el subsecretario de la misma institución, Luis Aguilera: «Que iban a hablar con la Fiscalía para ver el procedimiento que se había seguido, pero no lo hacen». De ahí que hayan decidido dar un paso más.

«Nunca he estado bien»

«Yo no he estado bien nunca... el primer año estuve sin comer y sin hablar» narra en conversación con ABC este joven, hoy con 37 años, que recuerda con detalle sobrecogedor cómo la misma tarde del crimen, cuando él solo tenía 3 años, su madre y él fueron trasladados en un Hércules de las Fuerzas Armadas hasta su Sevilla de origen, donde han permanecido todo este tiempo. Un tiempo de niñez y adolescencia durante el que, describe, «pensaba que en cualquier momento, a cualquiera nos podían quitar de en medio... no quería ni vivir ni salir». De la experiencia y de la memoria brotan reflexiones duras, como esa en la que dice «yo no puedo morirme sin saber...» o aquella en la que afirma que «el atentado más gordo es el que se comete todos los días con nosotros», refiriéndose a los familiares e hijos de los muertos de ETA que, como él, no han sido reconocidos como «víctimas del terrorismo». Y esa es su otra batalla.

Y es que, a pesar de que la Ley de Reconocimiento y Protección de Víctimas del Terrorismo establece en su artículo 4.1 que «Son titulares del derecho las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y que, a los efectos de la Ley, son consideradas como víctimas del terrorismo», personas como José Miguel, a quienes les fueron robados sus padres por la barbarie, no lo han conseguido.

Interior ha dado una contestación, recordando que José Miguel presentó en febrero de 2013 un recurso para recibir esa condición de víctima del terrorismo que fue desestimado en el mes de mayo del mismo año porque el huérfano es «víctima indirecta» con derecho a ayudas por orfandad. Ante ello, -añade el departamento-, la familia presentó un nuevo recurso por la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional, que sería desestimado por la Sala 5 al considerar que la víctima directa del terrorismo es el agente asesinado y no su hijo, que tenía 3 años cuando se produjo el atentado, informa Ep.

La frustración por esta circunstancia no ha hecho más que añadir más sufrimiento al que supone la impunidad. El desamparo. «Si me dan una pensión, no la quiero», se defiende José Miguel para disipar la sombra de que busca dinero e insiste en que no es eso, sino un cambio en la ley si es necesario para que pueda reabrirse el caso de su padre y para que no se dejen fuera a las «víctimas de segunda generación con secuelas acreditadas médicamente». «Una vez me dijeron que éramos muchos niños como yo...», desliza acordándose de una conversación en un sitio oficial.

Dicho en las propias palabras de José Miguel: «Evidentemente algo falla en nuestro sistema cuando ni el Gobierno es sensible con el reconocimiento que dicta la Ley ni los tribunales lo entienden así. Como en la interpretación de la ley se deja fuera a las víctimas de segunda generación, por salud democrática, por dignidad, por solidaridad y por justicia, se impone un cambio legislativo que defina en toda su extensión sin lugar a duda posible la condición acreditada de víctima del terrorismo. Los huérfanos de ETA que no podemos desarrollar una vida digna con las mismas oportunidades que el resto de personas de nuestra generación no podemos quedarnos fuera del reconocimiento y de la protección del Estado. ETA nos robó a nuestros padres. El Estado nos está robando las posibilidades de tener un futuro digno».