El Ejecutivo interpreta ahora la ley para escatimar fondos a las autonomías

Roberto Pérez

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23/08/2019 a las 01:32h.

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha echado mano de la Abogacía del Estado para interpretar la ley de forma restrictiva y estrechar el «grifo» a las autonomías. En su frustrado proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, y a la vista de cómo se está comportando la recaudación tributaria , el Ejecutivo había previsto revisar al alza las entregas a cuenta de fondos que realiza a las comunidades cada año.

Ahora, con los presupuestos prorrogados, se niega a aplicar esa revisión al alza apoyándose en un informe de parte solicitado a la Abogacía del Estado. La clave radica en la Ley del Gobierno, que limita la iniciativa legislativa de un Ejecutivo en funciones y restringe su actuación al «despacho ordinario de los asuntos públicos».

Esta definición, en sí misma, alude a un concepto jurídico indeterminado, que deja amplísimo margen de maniobra. Pero es que, además, juristas consultados por ABC subrayan que la Ley del Gobierno sí habilita al Ejecutivo en funciones a aprobar decretos leyes en «casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general». Que las autonomías se queden sin liquidez «parece razonable que es una de esas excepciones que prevé la Ley del Gobierno», explica Roberto Blanco , catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Más aún teniendo en cuenta que de ello dependen servicios públicos básicos.

La Ley del Gobierno prohíbe que un Ejecutivo en funciones presente proyectos de ley al Parlamento, pero no veta expresamente que apruebe decretos leyes, que forzosamente han de ser convalidados luego por el Congreso. La línea divisoria entre lo permitido y lo vetado a un Ejecutivo en funciones radica en que su actuación legislativa responda a un caso de urgencia o a razones de interés general.

Con la Ley del Gobierno en la mano, el catedrático Roberto Blanco considera que el Ejecutivo de Sánchez «puede esgrimir tanto lo uno como lo contrario, tanto argumentar que no puede revisar al alza las entregas a cuenta a las autonomías como fundamentar jurídicamente que sí puede y debe hacerlo». Y, con notorio trasfondo político, ha preferido activar a la Abogacía del Estado para armar la interpretación legal más restrictiva.