El Ejecutivo aprobará un real decreto para revalorizar pensiones y salarios públicos

Tras el «no» contundente de los socialistas a la investidura de Mariano Rajoy, la aprobación de unos nuevos presupuestos se ha complicado hasta tal punto que el Gobierno en funciones ya ha confirmado a las autoridades europeas que no tendrá más remedio que prorrogar las cuentas de este año en 2017. Sin embargo, esta situación no supondrá en principio que pensionistas y funcionarios vean congelados sus ingresos el próximo año ya que, según confirmó hace unos días la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saénz de Santamaría. Todo apunta a que cuando entremos en 2017, si se mantiene el impass político, habrá un derecreto ley para su actualización.

Algunos de los expertos consultados, como es el caso de Raymond Torres, Director de Coyuntura y Estadística de Funcas, ha asegurado a ABC que «en ausencia de una nueva ley se prolongarán los presupuestos adoptados para este año, lo que en la práctica significa que gastos que requieren una decisión nueva, como la inversión en infraestructuras entre otros, no se podrán producir.

Sin embargo, la revalorización de las pensiones o el pago de los intereses de la deuda se realizarían en la medida en que se producen por decisiones preestablecidos».

La ausencia de nuevo presupuesto no impedirá, sin embargo, que el Gobierno, pese a estar en funciones, no adopte medidas para reducir el déficit público. De hecho el ministro de Economía anunció ayer en China su próxima comparecencia en el Congreso para dar detalles sobre la próxima aprobación de un Real Decreto para reformar el impuesto de sociedades, de tal modo que los nuevos anticipos que tendrán que pagar las empresas eleven la recaudación para las arcas públicas en 6.000 millones de euros ya este mismo año.

Cabe recordar que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a reducir los números rojos de las cuentas públicas del 5,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en que cerraron 2015 al 4,6% en este año, objetivo que sería inalcanzable si no se aprueban nuevas subidas de impuestos, tal y como pretende el Gobierno.

El artículo 134.4 de la Constitución es el que regula la prórroga presupuestaria, y en él se establece que el proyecto de ley debe presentarse «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Es decir, hasta el 30 de septiembre.

A su vez, las comunidades autónomas tendrían dificultades para hacer sus propios cálculos, ya que el 70% de sus ingresos provienen de las transferencias del Estado (IRPF, IVA...). Expertos consultados apuntan a la posibilidad de que el Gobierno pudiera dar de alguna menera luz verde al techo de gasto para limitar el de las autonomías, y si no se acaba con la parálisis, se extiendan las cuentas de este año. Constitucionalistas como Ignacio Villaverde, de la Universidad de Oviedo, o la catedrática de Derecho Constitucional de la Uned, Yolanda Gómez Sánchez , no ven un encaje legal a esta opción.

Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde, la posibilidad de aprobar un nuevo techo de gasto por parte del Gobierno en funciones, tal y como habían especulado representantes del PSOE y Ciudadanos, es imposible constitucionalmente, ya que el artículo 21.5 de la Ley 50/1997 del Gobierno le prohíbe taxativamente aprobar unos Presupuestos estas circunstancias: «El techo de gasto es el primer paso de la tramitación, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria», apunta este experto. De igual forma, tampoco se podría alegar «un caso de urgencia debidamente acreditados» o por razones de interés general», tal y como establece el punto 3 de este artículo e insinúan socialistas y Ciudadanos.

Para el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Rafael Sanmartín, un nuevo techo de gasto con presupuestos prorrogados permitiría a las comunidades «limitar el gasto y adoptar una línea de moderación».