Desconcierto independentista para aplicar el auto de Llarena

Torra asegura que JpC no pedirá a los diputados presos que abandonen el acta

Jordi Turull Joaquim Forn y Josep Rull en el momento de su ingreso en la cárcel barcelonesa de Lledoners EFE

Daniel Tercero

El secesionismo institucional no solo mantuvo ayer su crítica a la decisión del magistrado Pablo Llarena , quien el martes suspendió de sus «funciones y cargos públicos» a los cinco diputados autonómicos en prisión preventiva acusados de rebelión – Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sànchez –, más Carles Puigdemont, también diputado del Parlamento catalán. Sino que además se empezaron a oír las primeras voces defendiendo la desobediencia activa e, incluso, la convocatoria de elecciones para evitar el cumplimento del auto judicial del magistrado del Tribunal Supremo.

Llarena dejó en manos de la Mesa parlamentaria –con mayoría independentista– la fórmula para hacer efectivo el auto , con el añadido de que las «funciones y cargos» de los seis afectados podían seguir ejerciéndolos «otros integrantes» de las listas de Junts per Catalunya (JpC) y ERC «si el Parlamento contempla adoptar tal decisión».

Hoy se reúne la Mesa, y aunque no figura en el orden del día una posición sobre este tema, los grupos de la oposición lo plantearán. De hecho, el PSC registró ayer mismo la petición de un informe a los Servicios Jurídicos de la cámara para «determinar el alcance de la citada interlocutoria en el funcionamiento del Parlamento y en el ejercicio de sus cargos». Los socialistas quieren que los letrados expongan con claridad cómo se ejecuta el auto, pero no lo ponen en duda. Miquel Iceta (PSC) recordó que «las resoluciones judiciales no se votan en los parlamentos». E Inés Arrimadas (Cs) y Xavier García Albiol (PP) defendieron que la suspensión es «automática», tal y como señala Llarena en su auto.

Pero desde las filas de JpC y la CUP, y también los Demòcrates –que forman parte del grupo parlamentario de ERC– se insitió ayer en que la decisión judicial tiene que pasar por un pleno, para decidir, incluso, si se aplica o no la resolución del Tribunal Supremo.

No les pedirán dejar el acta

En esta línea, ayer Quim Torra , presidente de la Generalitat, desde Edimburgo (Reino Unido) a donde se desplazó para reunirse con Clara Ponsatí –fugada de la Justicia española– y Nicola Sturgeon , primera ministra de Escocia, añadió a su crítica del martes que el auto de Llarena es «indecente» y, en su opinión, «ataca directamente la soberanía del Parlamento de Cataluña».

Así, anunció que será la cámara autonómica la que deba «responder de forma colectiva» y que JpC no pedirá a ninguno de sus diputados afectados – Puigdemont, Turull, Rull y Sànchez – que abandone el acta «de ninguna de las maneras».

«Volvemos a ver cómo, de nuevo, la separación de poderes en España es un mito, por eso, en el fondo, la lucha de Cataluña no es una lucha contra el Gobierno de España, es una lucha contra el conjunto de los poderes estatales», afirmó Torra.

En un comunicado, Demòcrates (coaligados a ERC) subió el tono y planteó como estrategia «no acatar, recurrir a los tribunales, no convocar el pleno del Parlamento hasta la resolución o ir a elecciones».

Mientras tanto, en la tarde del miércoles, los nueve presos preventivos quedaron reagrupados en cárceles de Cataluña, tras el ingreso en Lledoners de Turull, Forn y Rull.

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