Natividad Jáuregui
Natividad Jáuregui

La defensora del Pueblo pide ayuda al Consejo de Europa para que Bélgica extradite a una etarra

La presunta asesina en 1981 del teniente coronel Romea, Natividad Jáuregui, vive y trabaja en Gante

Madrid Actualizado: Guardar
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Que el Consejo de Europa de un paso adelante e interceda a favor de que Bélgica extradite a España a la etarra Natividad Jauregi, tal y como ha demandado la familia de quien fue presuntamente una de sus víctimas, el teniente coronel Ramón Romea asesinado en 1981. Esa la petición que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, remitió hace una semana al comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, en un intento más por lograr que la supuesta terrorista, -que actualmente vive y trabaja en Gante (Bélgica)- sea llevada ante la justicia.

Jáuregui, según testimonios, fue pistolera del «comando Vizcaya» y llegó a ser detenida en 2013 en Bélgica, aunque los jueces la dejaron en libertad solo seis semanas y dos días después por entender que en España corría el riesgo ser torturada.

Con el respaldo del Ministerio del Interior, la familia del teniente coronel Romea presentó a mediados de enero ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo una demanda -primera de este tipo- reclamando que Bélgica ejecute las tres órdenes de detención y entrega emitidas contra la etarra por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.

Las gestiones de la defensora del Pueblo ante Muiznieks han sido realizado, precisamente, en respuesta al ruego de la familia del asesinado. Así, Soledad Becerril les ha hecho saber que ha pedido al comisario «que considere la posibilidad de presentar observaciones y participar en la vista» en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que verá la mencionada demanda, que también cuenta con el apoyo de la asociación Covite y la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Natividad Jáuregui es la única etarra que queda por enjuiciar del «comando Vizcaya» de aquellas fechas, integrado por José Antonio Borde, Sebastián Echániz y Enrique Letona, condenados a penas de 28 años de prisión cada uno por la Audiencia Nacional en 2007.

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