Entrevista a Pau Molins«La defensa a ultranza del fiscal a la Infanta le ha hecho más daño que bien; no era necesario»

Pau Molins, el abogado de la Infanta Cristina en el juicio del caso Nóos junto al catedrático de Derecho Penal Jesús Silva, atiende a ABC por teléfono tras repasar la histórica sentencia que condenó a Íñaki Urdangarín y absolvió a Doña Cristina. Celebra el fallo, aunque admite «las consecuencias negativas» de una sentencia que llega diez años después de que se iniciara la investigación del caso.

—¿Están satisfechos?

—Por supuesto. No solo hemos conseguido la absolución de Doña Cristina, absolutamente merecida; sino que se condena a quien la acusaba de forma temeraria y espuria, con el daño reputacional que supuso. Éxito doble.

—¿Han ido de la mano de la Fiscalía en la defensa de la Infanta, incluso a su rebufo, como dicen algunos?

—No puedo aceptar esa interpretación: la Infanta ha tenido su propia defensa. Yo pienso que esa defensa a ultranza que ha hecho el fiscal de la Infanta le ha hecho más daño que bien, socialmente hablando, pero cada fiscal es como es. Si lo analizas desde una perspectiva constitucional, el fiscal no tiene que acusar por acusar. ¿Podía haberse limitado a acusar a los que acusaba y no defender a los que no acusaba? Puedo estar de acuerdo, pero la Constitución se lo permite: el fiscal puede defender a los que no acusa. Otra cosa es que para eso ya están los defensores. La labor de defensa ya la tenía la Infanta con su equipo de defensa. No era necesario que el fiscal quizá hiciera una defensa tan contudente, con que simplemente no hubiera acusado hubiera bastado.

—¿Qué pruebas han sido decisivas?

—La actividad probatoria ha sido apabullante. Ningún testigo, ningún proveedor, ningún cliente de las sociedades, absolutamente nadie, los asesores fiscales, los Tejeiro, el contable, la secretaria de Urdangarín, el notario, el secretario personal de la Infanta… todos los imputados, Diego Torres, la mujer… nadie pudo aportar ni el más mínimo indicio de que la Infanta participara en la gestión de la compañía.

—La acusación habló de una «ignorancia deliberada» de la Infanta, que era socia de la empresa Aizoon.

—La acusación habló de una «ignorancia deliberada» de la Infanta, que era socia de la empresa Aizoon.

—Si ser socio en la constitución de una compañía, sin ser administrador, sin tener poderes, sin participar en la gestión, le hace responsable criminal de lo que puedan decidir los socios administradores años más tardes, en una especie de posición de garante, sería inverosímil. Estaría imputada el 80 por ciento de la población española. Lo importante no es la condición de socio, sino quién toma las decisiones.

—La acusación también alegó que firmó documentos.

—Eran los mínimos exigibles registralmente hablando: las cuentas anuales, que todas las compañías tienen que aprobar. ¿Qué indicio iba a tener la Infanta de que esa firma iba a tener alguna responsabilidad? Jurídicamente es inviable. Doña Cristina no podía sospechar que aceptando ser socia en 2003, cinco y seis años más tarde la Agencia Tributaria podía interpretar que determinadas decisiones de su marido, por cómo canalizó ciertas rentas, era delito.

—¿Recurrirán el fallo al Tribunal Supremo para obligarle a mojarse sobre si la Infanta debió sentarse o no en el banquillo de los acusados?

—El hecho de que hayan absuelto a la infanta no es obstáculo para que podamos recurrir en casación la denegación de la cuestión previa de la falta de legitimidad procesal de la acusación popular. Sería perfectamente factible y jurídicamente muy interesante que el supremo cierre este capítulo. Lo estudiaremos con calma. Hoy pasas por ser más importante por la absolución, y no queremos empañar eso. No está decidido, no nos ha dado tiempo.

—La Audiencia de Palma argumentó que, como todos somos víctimas de un delito fiscal ya que «Hacienda somos todos», la defensa de los intereses de los ciudadanos no se agota con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en representación de Hacienda. Por ello aceptó la acusación de Manos Limpias. ¿Por qué no están de acuerdo?

—La jurisprudencia es unánime y clara: en aquellos delitos y solo en en los que el bien jurídico protegido es de carácter difuso (como en el caso Atutxa, la desobediencia a una orden judicial, o en un delito ecológico, que no es patrimonio de nadie), se permite que la acusación popular pueda sentar en el banquillo a una persona. En todos los demás delitos no puede, en los que el titular del bien jurídico protegido está bien identificado, que en este caso es la Agencia Tributaria. Una cosa es que todos los ciudadanos tengamos que contribuir a la Hacienda Pública con el pago de los impuestos, y otra cosa es que el titular de la acción recaudatoria es la Agencia Tributaria. No puede ser cualquier ciudadano, sería el caos: el vecino del quinto se querellaría por delito fiscal contra el vecino del tercero porque se han enfadado por la plaza de parking. Es ridículo.

—¿Hubiese sido mejor aceptar desde un principio que Doña Cristina fuera juzgada?

—Cuando explotó el tema de las extorsiones de Manos Limpias, la defensa de Diego Torres pidió su expulsión. Nosotros nos opusimos. Creíamos tanto en la inocencia de la Infanta que, una vez hecho el daño de llegar a juicio, queríamos llegar hasta el final, que se dictase una sentencia absolutoria que despejase toda la duda. Si lo hemos conseguido a nivel social no lo sé.

—¿No es complicado que la sociedad entienda que la Infanta no hubiera sido juzgada por una cuestión de forma, según quién acuse y quién no?

—A posteriori es más fácil entenderlo así. La sociedad no hubiera entendido que no se la hubiera ni tan siquiera juzgado, cuando según el juez José Castro y según Manos Limpias había indicios. Puedo estar conforme con que al final es más transparente hacer el juicio. Pero después del juicio no se respeta la independencia del poder judicial y se sigue diciendo que ha habido trato de favor. Yo mantengo lo contrario: ha habido un trato desigual, pero no a favor, sino en contra. La sentaron en el banquillo por cómo se llama. Nunca un socio de una empresa ha sido juzgado por un delito fiscal cometido por un administrador en la historia de la justicia española.

—¿Qué lectura hace de la condena en costas a Manos Limpias?

—Es un éxito absoluto. No es solo que absuelvan a la Infanta, nuestra meta fundamental, sino que además se hace un reproche en forma de condena en costas a quien ejerció de forma indebida la acusación. Estábams convencidos de que tras la práctica de la prueba, Manos Limpias debería haber retirado la acusación si hubiera sido coherente, y no solo no lo hace sino que mantiene la petición de prisión en su grado máximo. No soy contrario a la acusación popular, pero sí deberíamos reflexionar sobre el abuso de una asociación que defendía los supuestos derechos de los desprotegidos mientras se llenaba los bolsillos. Los jueces deberían realizar un cierto filtraje. ¿Esta acusación popular qué esta buscando?

—Su espíritu es fomentar la participación de los ciudadanos.

—Que el ciudadano participe en la acción de la justicia me parece bien, pero no olvidemos que la figura fue incluida en la Constitución por un recelo a los fiscales franquistas. Había desconfianza hacia el ministerio fiscal. En el fondo sigue subsistiendo una cierta desconfianza de que el fiscal sigue órdenes del Gobierno o de grupos de presión. A mi me parece bien la permanencia de la institución, pero por ley o jurisprudencia debe limitarse su ejercicio.

—¿Enmienda la sentencia la investigación del juez instructor José Castro?

—Totalmente. José Castro puede decir que vio indicios, pero la prueba que se practicó en el juicio no es distinta a la que se practicó en la instrucción. Es una desacreditación de sus tesis.

—¿Cómo está Doña Cristina?

—Muy contenta con la absolución; pero muy disgustada y preocupada con la condena a su marido. Está convencida de que no hizo nada mal. Confía en él.