Desde CSIF temen que tras el parón entre las elecciones y la formación del Gobierno se reactiven los problemas por el proceso soberanista
Desde CSIF temen que tras el parón entre las elecciones y la formación del Gobierno se reactiven los problemas por el proceso soberanista - JUAN CARLOS SOLER

CSIF pide a los funcionarios catalanes que denuncien las órdenes que sean «de dudosa legalidad»

El sindicato de funcionarios recueda que están obligados a cumplir instrucciones, pero recomienda que se pidan por escrito y luego se ponga en conocimiento de la Justicia

Madrid Actualizado: Guardar
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El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha instado este viernes a los trabajadores de las administraciones públicas en Cataluña a que denuncien las órdenes que reciban y que consideren que son «de dudosa legalidad».

Borra ha explicado ante los medios de comunicación que los funcionarios estarán obligados a cumplir estas órdenes, pero ha recomendado a los empleados públicos en Cataluña que pidan dicha orden por escrito y, a continuación, la denuncien.

«Los empleados públicos tenemos que cumplir con el ordenamiento jurídico, y en España establece que sólo se puede incumplir una orden si no admite discusión jurídica sobre su ilegalidad», explicado el presidente del sindicato. Por esta razón, insistió en que los trabajadores deberán dar cumplimiento a estas órdenes, pero sostuvo que, cuando su legalidad sea dudosa, «el funcionario tendrá que cumplirla e inmediatamente denunciarla».

Reactivación del soberanismo

En este sentido, Borra ha señalado que durante los meses entre las elecciones autonómicas y la formación del Gobierno «no ha pasado nada», pero advirtió de que ahora «se puede reactivar esa situación». Así, el sindicato ha optado por «reforzar» sus servicios jurídicos, ya que este tipo de situaciones se podrían reproducir durante los próximos meses.

El presidente de CSIF ha agregado que la organización ha reactivado el seguro por suspensión del empleo, que ofrece de forma gratuita a sus afiliados y que pone a disposición de todos los funcionarios de la Generalitat catalana «a precio de coste». «Si a un empleado público por incumplir o denunciar una orden le abren un expediente y le sancionan cuatro meses sin empleo y sueldo, necesita este seguro de suspensión del empleo», ha subrayado.

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