El Constitucional estudiará si el veto a Iceta como senador vulneró sus derechos

El tribunal garante ha admitido a trámite un recurso del PSC por el voto del Parlament contra el líder socialista

Miquel Iceta, en el Parlamento catalán EP

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El Tribunal Constitucional (TC) estudiará si el veto a la designación de Miquel Iceta como senador vulneró sus derechos fundamentales, amparados por la Carta Magna. El tribunal garante ha admitido a trámite este martes un recurso de amparo presentado por el PSC contra la negativa del Parlament a designarle senador autonómico.

La decisión ha sido acordada por unanimidad de todos los magistrados del pleno del TC, que han otorgado tres días a la Fiscalía y al PSC para que expresen sus alegaciones. El veto a la designación autonómica impidió su candidatura para presidir el Senado, un cargo para el que Pedro Sánchez ha propuesto a otro socialista catalán, Manuel Cruz, proclamado este martes.

Los magistrados no han tomado ninguna medida cautelar «urgente» para anular la decisión de la cámara autonómica, como solicitó Iceta. El TC no aprecia la urgencia excepcional que justifica tomar una decisión así. En su recurso, Miquel Iceta argumentó que se ha lesionado el artículo 23.2 de la Constitución , que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a acceder a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad.

Fue la primera ocasión en la que el Parlament vetó le designación de uno de los senadores cuyo nombramiento corresponde a las cámaras legislativas autonómicas. En esta ocasión, los votos en contra de los grupos secesionistas ERC y Junts per Catalunya impidieron su designación como representante. El acuerdo lo tomó la Mesa del Parlament el pasado 16 de mayo de 2019.

El tribunal garante ha admitido a trámite el recurso por considerar que existe «especial trascendencia constitucional» en su resolución, una decisión que sin embargo no anticipa el desenlace del debate. El TC considera que el dilema afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre la que no exite doctrina y sostiene que el asunto «trasciende del caso concreto, porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales». La reclamación la resolverá el pleno del Constitucional, compuesto por doce jueces.

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