Pleno del Congreso, en mayo, sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017
Pleno del Congreso, en mayo, sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 - JAIME GARCÍA

El Congreso solo ha aprobado 8 de las 220 proposiciones de ley presentadas

Los barones del PP ven muy difícil pactar la financiación autonómica con el PSOE por la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas

MadridActualizado:

La inmensa mayoría de las iniciativas planteadas por la oposición y tomadas en consideración por el Pleno siguen bloqueadas en el trámite de enmiendas. En las legislaturas previas, lo usual era que una ley tardara entre nueve meses y un año aproximadamente en completar la tramitación parlamentaria y quedar aprobada de manera definitiva. En lo que va de legislatura, solo se han aprobado ocho proposiciones de ley, de las 220 presentadas. De ellas, un total de 143 se encuentran aún en algún punto de la tramitación, incluyendo algunas tan polémicas como la reforma del Tribunal Constitucional con 56 prórrogas, la subida del salario mínimo con 43, la reforma de la Ley del Indulto con 43 o la derogación del plazo máximo de instrucción con 26.

Además, 77 proposiciones de ley no llegarán a tramitarse por haber decaído (30), caducado (3), o haber resultado inadmitidas (2), rechazadas (9) o retiradas (16). El freno más usual con el que se están encontrando las leyes de la oposición es el veto del Gobierno por razones presupuestarias. Una herramienta recogida en la Constitución que el Gobierno ha utilizado para frenar cerca de 50 leyes de la oposición hasta ahora, argumentando que suponen un aumento del gasto o una disminución de los ingresos. La última vez, hace poco más de una semana ante la reforma de la Ley de Memoria Histórica impulsada por el PSOE. Con este tipo de veto, el Gobierno impide que las proposiciones de la oposición lleguen solo a debatirse.

Por parte del Gobierno, los números de su actividad legislativa son mínimos y los proyectos de ley aprobados se quedan en ocho. A ellos se suman una veintena de Reales Decretos-Leyes, la herramienta por la que está apostando el Ejecutivo para legislar por la vía rápida y evitar que la oposición pueda desnaturalizar los textos ya que no contempla trámite de enmiendas. En total, las leyes aprobadas entre el Gobierno y la oposición en el último año y medio no alcanzan las 16, un mínimo nunca visto en las legislaturas precedentes.

«Oposición de derribo»

La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas no van a facilitar los acuerdos, aunque sean en materias tan sensibles como la de la financiación autonómica. Barones del PP ven «muy difícil» la posibilidad de pactar un nuevo modelo antes de las elecciones de 2019 y más ahora que el PSOE ha pasado a ejercer una «oposición de derribo» al Gobierno, según la expresión utilizada por un importante líder territorial. «Con este PSOE es imposible», coinciden varios presidentes del PP consultados por ABC, que confirman que el pesimismo se ha desatado en el partido de Mariano Rajoy por la falta de frutos en esta legislatura. Todas las alarmas han saltado después de que el martes Pedro Sánchez ordenara a los suyos levantarse de la comisión de Educación, reventándola. La presión de los pensionistas en las calles alentada por la izquierda tampoco ayuda al clima de diálogo necesario, reconocen los populares, que acusan a Ferraz de sabotear también el Pacto de Toledo. Génova teme que Sánchez haya entrado en una dinámica de «bloqueo total» y avisa de que las comunidades gobernadas por el PSOE son las primeras perjudicadas si no hay voluntad de acuerdo en financiación, también por la falta de Presupuestos.

Rajoy pidió en febrero a su partido que elaborara un documento con las «líneas básicas» de lo que debe ser el nuevo modelo de financiación. El presidente del Gobierno repite que no habrá reforma posible sin los socialistas, porque el PP solo tiene 137 escaños y porque el PSOE gobierna varias comunidades. Precisamente, barones como Ximo Puig (Comunidad Valenciana) o Susana Díaz (Andalucía) son los que con más urgencia reclaman un pacto para superar el actual sistema, que fue aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero con el único apoyo de ERC y el rechazo del PP.

Los populares ya han celebrado varias reuniones multilaterales con sus portavoces de Hacienda en los parlamentos autonómicos. También con sus cinco consejeros de gobiernos regionales. El objetivo, avanzan a ABC desde la dirección nacional, es tener un documento cerrado antes de abril. El mismo plazo se ha dado Génova para presentar su propuesta de pacto del agua. «Vamos a apostar hasta el final por lograr tres pactos: financiación autonómica, agua y sobre la ciencia», enumera un destacado colaborador de Rajoy en la dirección del partido. El PSOE, avisan los populares, «debe resolver una cuestión estratégica de primera magnitud: decidir si alcanza pactos de Estado o sigue con su oposición destructiva».

Génova exige a sus barones un esfuerzo para consensuar los «criterios generales» sobre cómo cubrir el coste de los servicios públicos que soportan las comunidades: educación, sanidad y dependencia. El acuerdo no es fácil porque cada región tiene necesidades muy distintas, aunque la dirección del PP garantiza que se fijará una posición común a poder ser antes de Semana Santa.