El Canal de Isabel II compró la primera firma a través de una sociedad interpuesta

El primer «pelotazo» del Canal de Isabel II, antes de que Ignacio González apareciera por allí, fue la compra de Inassa en 2001 cuando Alberto Ruiz Gallardón (que no está investigado en estos momentos) presidía la Comunidad de Madrid. La investigación de la operación Lezo ha acreditado no solo que se pagó un coste muy por encima de su valor, inflado en varios millones, sino una serie de maniobras más que sospechosas, según fuentes consultadas por ABC. La primera, que la compra de esa empresa, el puntal de la expansión suramericana del Canal, se hizo a través de una sociedad interpuest; y la segunda, que al menos una parte de los pagos se ejecturaron de la misma forma.

La UCO centra ahora sus pesquisas en buscar esas sociedades interpuestas en las que acabó el dinero (unos cien millones de pérdidas para los madrileños) y en quién las controlaba.

Por supuesto, se da por hecho que mediaron comisiones que también se intentan determinar con el análisis de la documentación intervenida la semana pasada.

Las pesquisas tratan de desentrañar asimismo el grado de implicación de cada uno en la trama corrupta liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que continúa en prisión, y en la que, además de los nueve detenidos que desfilaron ante el juez Eloy Velasco la semana pasada, hay otra treintena de imputados (investigados).

Ayer por la mañana trascendió una lista de 60 personas -entre ellas todas las que están detenidas y aquellas que ya han sido llamadas a declarar como investigadas- sobre las que el instructor había pedido información. Como nombres más destacados estaban los del exministro Eduardo Zaplana, el exconsejero Alberto López Viejo, el dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y Santiago Barreno. Este último es presidente del consejo de administración del diario «La Razón», quien ya tiene implicados al consejero Edmundo Rodríguez Sobrino, en prisión, al presidente del rotativo Mauricio Casals y al director del mismo, Francisco Marhuenda.

En los primeros momentos hubo gran confusión, ya que se interpretó que todos aquellos que estaban en esa lista tenían ya la condición de investigado, lo cual no es cierto en absoluto. De hecho, las fuentes consultadas por ABC señalaron que en la actualidad hay apenas « una treintena». Todos esos nombres forman parte de un auto previo, dictado por el juez, en el que ordenaba determinadas medidas cautelares, entre ellas el bloqueo de cajas de seguridad que tuvieran cada una de esas personas antes de que empezaran a trascender las detenciones y registros. Se trataba así de asegurar tanto eventuales pruebas como dinero que quizás pudieran guardar.

Auto incompleto

Debido a ese auto incompleto (la investigación aún está secreta) se anunció, al filo del mediodía, la supuesta imputación de Eduardo Zaplana, cuyo nombre aparece en el auto de prisión dictado al filo de la medianoche del pasado viernes por Eloy Velasco. Lo cierto es que Zaplana aparece en alguna de las intervenciones telefónicas y del caso junto con Ignacio González.

En concreto, en el auto dictado el pasado viernes por el juez Velasco se recoge que González propuso al exministro «montar una estructura financiera» opaca en el extranjero para «canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo». Las fuentes consultadas precisan que aunque hay algunos elementos que apuntan a la responsabilidad del exministro, lo cierto es que de momento solo se sabe que el presunto delito de blanqueo estaba en fase de «ideación», por lo que es necesario obtener más información.

Por su parte, como ya se ha señalado, Juan Miguel Villar Mir, de OHL, sí figura entre los investigados por el juez. Se trata del segundo alto cargo de ese grupo implicado en estos hechos -el primero fue Javier López Madrid, su yerno-, que quedó en libertad con fianza de 100.000 euros tras declarar ante el juez por el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la comunidad de Madrid.

Mientras, los socialistas están decididos a aprovechar la Operación Lezo para vincular la imagen del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la presunta corrupción de miembros de su partido.

Para ello, el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, ha iniciado conversaciones con Podemos y Ciudadanos para forzar la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso por su testificación en el Caso Gürtel, antes de que se disipe el escándalo derivado de la trama creada en torno a l Canal de Isabel II.