La unificación de la fiscalidad europea en la encrucijada

«Recaudar a cualquier costa, y no ceder ni un ápice el poder que permita maximizar esa recaudación, es la consigna de varios países»

Jean-Claude Juncker, presidente saliente de la Comisión Europea José Juan Gámez Kindelán

Javier Sáenz de Olazagoitia Díaz de Cerio

El panorama político-mediático europeo parece muy interesado y preocupado por la aparentemente escasa tributación de las multinacionales, y en particular de las famosas tecnológicas. Basta mentar la bicha de las multinacionales tecnológicas , para que las miradas sospechosas -o envidiosas- se dirijan hacia Irlanda o Luxemburgo. No son los únicos, pero sirven para apreciar que los países cuyas legítimas normas tributarias permiten este efecto indeseado -por otros-, son también países miembros de la Unión Europea.

La fiscalidad internacional ha cambiado mucho, ya no hay que buscar la causa de nuestros males en islas tropicales. La condición de posibilidad de la planificación y optimización fiscal que se critica -por parte de políticos y medios- es, realmente, la competencia fiscal entre los propios estados. Y es consecuencia del libre ejercicio de su soberanía. Y si el problema es que existen grandes diferencias entre impuestos -sobre todo en los tipos de gravamen -, la solución teórica es tan sencilla como unificarlos.

Pero a nadie se le escapa que la configuración del sistema tributario -como herramienta para la recaudación- es la arteria aorta de la política económica, instrumento básico de la soberanía interna de cada Estado.

De ahí que en la UE -también- la fiscalidad ha llegado a «la gran encrucijada». Una cosa es configurar un mercado integrado, y otra muy distinta trascender de ello a la unificación política. Las renuncias de la soberanía de los Estados miembros ya son apreciables en algunos aspectos, pero aquí se entra en el corazón.

En la fase de integrar el mercado interior, la UE implementó con éxito medidas tributarias adecuadas (aduanas, IVA, neutralidad de las reestructuraciones y exenciones de dividendos…) . Y la jurisprudencia del TJUE sigue removiendo obstáculos tributarios a la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios (por ejemplo, en el Impuesto sobre Sucesiones español). En cambio, homogeneizar el Impuesto sobre Sociedades supone un salto cualitativo. De lo técnico e instrumental -comercio y libertades individuales, económicas y de establecimiento-, a un nivel político esencial.

Existe un proyecto de una Base Imponible Común, pero excluye la homogeneización de tipos. Y además de su demora, en el devenir se ha dejado la aspiración de determinar bases consolidadas comunes para los grupos europeos. Porque distribuir las bases gravables de las multinacionales entre los países, como determinar el porcentaje a pagar a cada uno, ya afectan plenamente a la «identidad fiscal» que cada político quiera para su dominio.

Los fundamentos clásicos de la tributación han sido diluidos en espurios fines políticos. Y los principios de justicia y neutralidad arrasados por la consecuente exigencia de eficacia y suficiencia recaudatorias. La aspiración -al menos de algunos países, especialmente europeos y acentuada por la crisis - es maximizar y asegurar «su trozo del pastel». Al mismo tiempo que otros países -algunos también europeos- utilizan su soberanía en el legítimo sentido contrario de bajar impuestos para atraer inversión. El bloqueo está servido.

Volviendo a las llamadas empresas tecnológicas, la evolución -desviada- de los conceptos tributarios clásicos ha demostrado su total inutilidad. En lugar de replantearse desde sus fundamentos, o bien se intenta que la realidad se acomode a ellos, o bien se distorsionan hasta ser irreconocibles. Entonces llegan las «soluciones creativas» -para crear impuestos sí son muy creativos-, como la llamada «tasa Google» que trata de capturar recaudación supuestamente perdida por un impuesto sobre los beneficios, gravando ingresos -o sea, incrementando costes de ventas, o sea, cargándolo al consumidor-. Sin esperar siquiera el consenso de los organismos internacionales.

Recaudar a cualquier costa, y no ceder ni un ápice el poder que permita maximizar esa recaudación, es la consigna de varios países europeos, España entre ellos. Mientras, Irlanda se ha preocupado por crecer, entre otras cosas rebajando la tributación, y ha conseguido más que duplicar el PIB per cápita español , por lo que no extraña que se resistan a que les impongan otras reglas fiscales. El problema no es técnico, sino político.

Javier Sáenz de Olazagoitia Díaz de Cerio es profesor de la Universidad de Navarra y abogado

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