Refinería de Cepsa en San Roque, Cádiz
Refinería de Cepsa en San Roque, Cádiz - EFE

El sector energético se rebela contra las aportaciones al Fondo de Eficiencia Energética del Gobierno

Más de 300 empresas deben de pagar 619 millones desde 2015 por un «impuesto encubierto»

Madrid Actualizado: Guardar
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El denominado Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) se aprobó el 5 de julio de 2014 mediante un decreto «escoba» que incluía asuntos tan dispares como formación militar, horarios comerciales, drones, comisiones de tarjetas y empleo juvenil. Ese Fondo, que responde a una directiva europea, tiene como objetivo financiar la eficiencia energética en los sectores industrial, transporte, agrícola y residencial, como por ejemplo la edificación y rehabilitación de viviendas, hoteles, comercios y centros sanitarios.

El mismo establece unas cuotas anuales de ahorro energético que han de pagar todas las empresas comercializadoras de gas y de electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor y los operadores de gases licuados de petróleo. Este mecanismo ha soliviantado a las compañías del sector, sobre todo a las más grandes, las cuales, han recurrido ante el Tribunal Supremo.

Aquellas deberán realizar este año una contribución financiera anual al FNEE, mediante «cuatro pagos iguales a lo largo de 2017, no más tarde del 31 de marzo, del 30 de junio, del 30 de sepiembre y del 31 de diciembre por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera correspondiente».

En total, más de 300 empresas que este año deberán desembolsar, en su conjunto, 205,41 millones de euros. Esta cantidad es ligeramente inferior a la fijada por el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo que encabezaba José Manuel Soria para 2015 y 2016, que fue de 207 millones para ambos años.

Tienen que pagan 314 empresas

En la orden ministerial de 24 de marzo de 2017 y que ocupa 21 páginas del BOE figuran 542 empresas sujetas al Fondo de Eficiencia Energética, de las que 314 tienen que pagar alguna cantidad, que va desde los 0,19 euros de la sociedad Hefamecom, a los casi 42 millones del grupo Repsol. Hay una compañía, Dufenergy Trading, que presenta un importe negativo de 38.295,63 euros y el resto, 314 empresas, cuyas obligaciones son de 0 euros.

Las aportaciones deben de realizarse a la cuenta «Fondo Nacional de Eficiencia Energética» del Banco Santander, cuyo número acaba en 1048-0210.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha establecido para este año un objetivo de ahorro agregado de 262 ktep (toneladas equivalentes de petróleo) o 3.046,51 gigavatios hora (GWh), a un precio de 67.916,58 euros el GWh ahorrado. Es decir, 206,908 millones de euros.

La última crítica a este FNEE ha venido del director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, quien hace pocos días calificó este fondo de «impuesto encubierto».

Mazarrasa afirmó en un foro del Club de la Energía que el FNEE diseñado por el Gobierno es una «mala transposición de las directivas» europeas. «Hay bastante coincidencia en los bufetes de los afectados», indicó Mazarrasa. «Los minoristas deberían ser los sujetos obligados, pero el Ministerio optó por la vía más fácil, con lo que la señal de concienciación social queda diluida», señaló, antes de recordar que el sector petrolero aporta el 50% del fondo, es decir, más de 100 millones de euros».

Las órdenes ministeriales en las que se fija el reparto de aportaciones al fondo, ante las que el director general de la AOP dijo sentir «indefensión», han sido las leyes «más recurridas».

Excepto Iberdrola, que con casi 15 millones de euros es la quinta compañía que más dinero tiene que aportar este año, hay un gran número de empresas y asociaciones que han recurrido el FNEE ante el Supremo en los dos últimos años. Entre ellas están Repsol, Cepsa, BP, Gas Natural Fenosa, Disa, Saras, Tamoil, Viesgo, Acciona, HC, Galp, Grupo Villar Mir, Nexus, Engie – antigua GDF Suez–, Fortia (la comercializadora de los grandes consumidores de electricidad), Kuwait Petroleum, Factor Energía, Madrileña Suministro de Gas, Enerya VM, la Unión de Petroleros Independientes (Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil), Fenie (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía).

Cepsa y Gas Natural Fenosa

Cepsa justifica sus recursos, según ha explicado un portavoz de la compañía, en que la ley española ha fijado como único y obligatorio medio de cumplimiento la realización de aportaciones pecuniarias, cuando en la directiva se prevé como subsidiario y, lo que es más importante, potestativo para el obligado. Además, Cepsa entiende que dicha ley vulnera la directiva por cuanto considera como sujetos obligados únicamente a los operadores al por mayor de productos petrolíferos y de GLP y no a distribuidores y minoristas, centrando la recaudación financiera sobre los operadores que no disponen de margen de maniobra sobre el consumo de energía final a nivel de usuario.

Desde Gas Natural Fenosa destacan que, aunque la directiva europea ofrece dos posibilidades, certificación de los ahorros energéticos conseguidos para los clientes o aportación a un fondo de eficiencia energética, la legislación española únicamente ha previsto la segunda opción. Y subraya que la compañía desarrolla una intensa actividad de eficiencia energética tanto en el ámbito industrial como en el comercial y doméstico. Los ahorros conseguidos dentro de las acciones que se desarrollan en este campo, debido a la falta de un sistema de certificación, como sí existe en otros países, no computan ni para los objetivos fijados para España ni para la propia compañía. Debido a esto, las comercializadoras de energía no tienen incentivos para llevar a cabo acciones de eficiencia con sus clientes, que es el objetivo último de la directiva.

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