Los TCP de Ryanair presionan al Gobierno y anuncian manifestaciones

No solo irán a la huelga todos los viernes y domingos del próximo mes. Los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair se concentrarán frente a los ministerios de Trabajo y Fomento , en Madrid, el 2 y el 6 de septiembre, en protesta por el cierre de las bases de la aerolínea de bajo coste de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Gerona.

El objetivo de estas movilizaciones es «exigir al Gobierno, de una vez por todas, que defienda los derechos de los más de 1.800 trabajadores de Ryanair en España , a quienes siempre ha tenido en un segundo plano», ha declarado el secretario de Organización del sindicato USO, Jairo Gonzalo.

Estas dos concentraciones coincidirán con dos de las diez jornadas de huelga convocadas —por USO y Sitcpla— en septiembre, para las que Fomento ha decretado los servicios mínimos esta misma mañana. En la resolución se protegen el 100% de los vuelos no peninsulares, el 60% de los peninsulares e internacionales con desplazamiento igual o superior a cinco horas y el 35% de los vuelos peninsulares con tiempo de desplazamiento inferior a cinco horas.

Unos servicios mínimos que el sindicato considera «abusivos», por ser «superiores a las anteriores convocatorias de huelga, ya que establece el redondeo por exceso, con lo que se limita excesivamente el derecho de los trabajadores a secundar la huelga», ha criticado Gonzalo. «Fomento ha vuelto a mirar por y para Ryanair, pero nadie en este Gobierno en funciones mira por todos nosotros y por el futuro de los 512 trabajadores que pueden perder su trabajo por el cierre de bases ».

Los trabajadores de «una compañía que hace y deshace a su antojo en nuestro país, sin que ninguna autoridad le plante cara», en palabras de Gonzalo, exigen al Gobierno que se preocupe por «los derechos laborales incumplidos de una empresa subvencionada por las instituciones públicas, que se reúnen con Ryanair al margen de la autoridad estatal competente». Según el secretario de Organización de USO, esto evidencia «una grave descoordinación» a la hora de resolver un conflicto «de naturaleza estatal».