Las petroleras piden que se graven los motores que más contaminan en vez de a los carburantes

La AOP critica el «sesgo eléctrico» del reciente informe de los expertos sobre la transición energética

Luis Aires, a la derecha, y a su lado, Andreu Puñet J. G. N.
Javier González Navarro

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La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha manifestado su «profundo desacuerdo» con algunas de las medidas incluidas en el informe realizado por el comité de expertos del Ministerio de Energía para la transición energética por su «inconsistencia» y «sesgo eléctrico».

El presidente de la asociación, Luis Aires -presidente también de BP España- y el director general, Andreu Puñet, han criticado sobre todo la reforma fiscal que incluye ese informe, como la sugerencia de aumentar un 28% el impuesto del gasóleo. Calificaron la medida de «chapuza» y sugirieron que se grave el origen de las emisiones, no a los carburantes. «Se debería gravar los motores, los más contaminantes, no a los combustibles», subrayó Luis Aires, quien ha explicado que un motor nuevo de gasóil emite un 85% menos de CO2 que otro motor con diez años.

El presidente de AOP no concretó la forma en la que se debería de introducir ese gravamen a los vehículos antiguos, aunque afirmó que «no tendría sentido» que lo asumieran los fabricantes , por lo que solo sería posible que el impuesto recayera sobre los consumidores, algo que tendrían que asumir las rentas más bajas, al mismo tiempo que no tendría en cuenta el consumo. Consciente de estos inconvenientes, Aires recalcó que el sector prefiere no introducir ningún impuesto y ceder el testigo a la innovación pero que, en caso de tener que aplicarlo, no debería recaer sobre los combustibles.

En relación a que el déficit tarifario de las renovables se transfiera a otras fuentes de energía, como los derivados del petróleo, una de las recomendaciones incluida en la propuesta de los expertos, la patronal se mostró en «profundo desacuerdo» porque es «absurdo» que un sector tenga que pagar por los costes de los otros, algo que «va en contra de cualquier teoría económica».

Otra de las medidas polémicas propuesta por los expertos es que las petroleras paguen por las carreteras, ya que estas forman parte de las infraestructuras en las que se apoya el sector. Sin embargo, Aires apuntó que, de igual forma que las empresas gasistas costean los gasoductos, a las petroleras les corresponde hacerse cargo de los oleoductos y de las terminales, algo por lo que «ya pagan a través de la red de CLH».

Además, el presidente de la asociación sostuvo que las carreteras ayudan a vertebrar al país y que también las usan los coches eléctricos. Este último argumento le llevó a afirmar que la propuesta para la transición energética realizada por los expertos incurre en un «sesgo eléctrico» al contener medidas con «mucha inconsistencia», aunque ello «no invalida el informe».

En cuanto al ámbito de la movilidad sostenible, Aires se mostró «muy de acuerdo» con las propuestas de los expertos, que abogan por no hacer inversiones públicas cuyo coste no sea recuperable en el futuro.

En este sentido, la patronal de las petroleras insistió en que «se debería evitar las barbaridades que se están haciendo ahora», como las ayudas directas e indirectas a la compra de coches alternativos, que suponen, según Aires, unos incentivos de entre 600 euros y 1.000 euros por cada tonelada de CO2, algo «totalmente desproporcionado». Por esta razón, afirmó que se está «despilfarrando» el dinero público y abogó por no limitar las ayudas a los coches eléctricos, sino extenderlas a cualquier otra tecnología que permita reducciones de emisiones, como los vehículos híbridos y los de combustión interna.

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