La OCDE exige a España equiparar los costes laborales de contratos fijos y temporales
Este organismo internacional también pide combatir la temporalidad, incrementar los impuestos sobre los combustibles, eliminar los tipos reducidos del IVA y mejoras en materias como la Educación o la creación de empresas
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha puesto deberes a España en su informe anual sobre las reformas estructurales editado este viernes. En este sentido, ha instado a lograr que los costes para las empresas de los contratos fijos y temporales sean comparables. Es decir, que se luche contra aquellos empleadores que optan por los contratos temporales de forma abusiva con el único objetivo de ahorrarse dinero.
La OCDE ha reconocido que el pasado año ya se creó un nuevo marco legal para los inspectores laborales. Sin embargo, este organismo internacional ha constatado que hay una elevada tasa de temporalidad en el empleo que incrementa la precariedad de los trabajadores afectados, lo que limita la movilidad laboral y es un factor que acrecienta la pobreza.
En concreto, las desigualdades de ingresos han avanzado desde el inicio de la crisis han recordado desde esta institución con sede En París ya que se mantiene por encima de la media de la OCDE. Todo ello, han apuntado los autores del informe, se debe a la elevada tasa de desempleo (España tiene la segunda más alta de los 36 países miembros de la OCDE, sólo superada por Grecia) y a la merma de los recursos de las familias que están en la parte baja de la escala social.
Los autores de este informe han señalado las reformas estructurales que consideran prioritarias para cada país en los dos próximos años, y que en el caso español critican que el grueso de la fiscalidad en España recaiga sobre las rentas de trabajo y han recomendado un aumento de los impuestos sobre los carburantes. Al respecto, han pedido integrar integrar en el precio de los combustibles las consecuencias que tiene su uso en términos de emisiones de dióxido de carbono (CO2, el principal gas responsable del calentamiento climático) y de otros contaminantes.
En este sentido, la OCDE ha cuestionado la existencia de exenciones y deducciones en el impuesto sobre la renta y el IVA que le parecen injustificadas. Y han apostado por suprimir los tipos reducidos del IVA, que son regresivos, y por ampliar la base impositiva del impuesto sobre la renta.
Educación
Como en ediciones anteriores, uno de los principales puntos es el referido a la educación, porque aunque haya disminuido la tasa de abandono escolar prematuro, continúa siendo alta. De hecho, en 2016 apenas poco más del 80% de los alumnos terminaban el ciclo superior de la educación secundaria en España, cuando la media de los países avanzados estaba por encima del 85%.
En este campo, las principales asignaturas pendientes son mejorar la calidad de los profesores , con un esfuerzo en la universidad y en su preparación, y la formación profesional , con su desarrollo, su modernización y una ampliación del recurso a la alternancia en las empresas.
«Barreras» a las empresas
La OCDE ha apostado, además, por dar a las empresas un mayor papel en la formación de los estudiantes y en el diseño de sus currículos, así como por una mayor especialización de la universidad. En un terreno paralelo, ha recordado que España gasta poco en investigación y desarrollo (I+D), lo que afecta negativamente a la evolución de la productividad.
En esta línea ha aconsejado a España son una mayor coordinación de las políticas estatales y autonómicas para evitar duplicaciones, favorecer una mayor dimensión y especialización de las universidades para elevar la calidad de la innovación, atribuir los recursos en función de los resultados y de la aplicación de evaluaciones internacionales o dar más oportunidades de carrera a los investigadores muy cualificados.
La organización hace notar que en España hay una serie de barreras que limitan la actividad de las empresas y la productividad, en función del tamaño de las compañías u otros obstáculos para operar en varias comunidades autónomas, que tendrían que eliminarse.
A ese respecto, cree que habría que seguir aplicando la ley de mercado único, incrementar su transparencia y la cooperación entre las diversas administraciones. Así como mejorar las instancias de gobierno de los profesionales de los servicios.
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