El mexicano Del Valle inicia un arbitraje para reclamar a España 470 millones por el caso Popular

El que fuera consejero de la entidad y un grupo de inversores mexicanos

El Popular fue intervenido y resuelto en junio de 2017 y vendido al Santander por un euro AFP

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Los antiguos accionistas mexicanos del Popular han comenzado una batalla legal a nivel internacional para tratar de recuperar el dinero que perdieron con la resolución de la entidad. Antonio del Valle y otros compatriotas suyos que llegaron a controlar más de un 4% del capital social del banco han presentado este viernes dos solicitudes de arbitraje contra el Reino de España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en los que reclaman al Estado 470 millones de euros de su inversión.

Estos inversoreres, que entraron en el accionariado del Popular en 2015 con una inversión de 450 millones de euros, acusan a las autoridades españolas, entre otras cosas, de tomar medidas que a su juicio dañaron la situación financiera del Popular ; y en definitiva de «expropiar de forma ilítica» su inversión «sin una compensación justa». Estos antiguos accionistas argumentan en su escrito que las actuaciones de España violan el Tratado bilateral de protección de inversiones recíproco entre España y México.

«Las acciones del Gobierno español antes, durante y después de la resolución de Banco Popular incumplieron las obligaciones de España con el grupo de inversores de México bajo el tratado de inversión bilateral entre México y España . Por su conducta, España negó a los inversionistas un trato justo y equitativo, un entorno legal y regulatorio estable y predecible, protección contra medidas arbitrarias y no transparentes que afectan sus inversiones y contra la expropiación ilegal», defiende el abogado Javier Rubinstein, socio de Kirkland & Ellis, despacho que representa a los demandantes.

Del Valle, cabeza visible de ese grupo de inversores mexicanos, fue consejero del Popular hasta su intervención y se le atribuye estar detrás de la destitución de Ángel Ron como presidente del banco a finales de 2016 con el objetivo de propiciar su fusión con otra entidad, lo que derivó en una crisis interna que contribuyó a desestabilizar la entidad en Bolsa. El mexicano está imputado en la instrucción de la Audiencia Nacional de la ampliación de capital del banco en mayo de 2016 junto con una treintena de antiguos ejecutivos de la entidad.

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