Marcaje fiscal a multinacionales y grandes fortunas

La Agencia Tributaria recibirá este mes información de españoles con cuentas bancarias en 53 países

Andorra y Suiza informarán al Fisco en 2018 de las cuentas bancarias de residentes EFE
Javier Tahiri

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En un mundo en el que las fronteras -y los impuestos- de cada Estado se difuminan atemperados por la globalización, el consenso internacional apunta a la transparencia entre países como mejor receta para evitar la fuga de grandes patrimonios y la ingeniería fiscal de multinacionales. Este mes la Agencia Tributaria recibirá, sin ir más lejos, información de residentes con cuentas bancarias en 53 países.

Una oleada de datos fruto del intercambio automático de información instaurado por la OCDE que logrará el «striptease» bancario de países como Anguila, Barbados, Bermuda, Guernsey, Islas Caimán, Luxemburgo, Liechtenstein o Isla de Man. El próximo año, otros 47 países, entre ellos Suiza o Andorra , se sumarán a la iniciativa y mandarán información al Fisco.

Algo parecido ocurre con las grandes empresas . Las multinacionales españolas con más de 750 millones de euros de facturación deberán informar a la Agencia Tributaria antes de que acabe el año de los impuestos que pagaron en 2016 en cada país, así como de su actividad. Otra iniciativa de la OCDE que España incorporó con la reforma fiscal, como estado pionero.

Esta obligación también afectará a las filiales de empresas extranjeras en nuestro país con una cifra de negocio superior a este umbral. Sin contar a estas últimas, la norma afectará a unas 50 empresas.

Sin embargo, el tradicional enfoque multilateral podría estar dando paso a otro bilateral , tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EE.UU. En el International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (IIAB), conferencia anual celebrada hace unos meses con presencia de los principales organismos internacionales, se apuntó a este fenómeno. Así lo señala Miguel Caamaño, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de La Coruña y socio de CCS Abogados, que intervino en el congreso. Caamaño propone vigilar la ingeniería fiscal modulando la definición de establecimiento permanente, que fija la sede fiscal de las empresas, en los convenios bilaterales.

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