El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato a su salida del Audiencia Provincial de Madrid
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato a su salida del Audiencia Provincial de Madrid - EFE

El juez embarga a Rato el alquiler por un Mercadona en Alcorcón

Se prorroga el secreto sobre la pieza separada por los pagos de Lazard

MadridActualizado:

El juez ha embargado a Rodrigo Rato la renta que percibía por el alquiler de un supermercado Mercadona en la localidad madrileña de Alcorcón. Así lo ha acordado el magistrado Antonio Serrano-Arnal dentro de la causa que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, al que le atribuyen delitos fiscales, de corrupción entre particulares, de blanqueo de capitales y de administración desleal.

Fuentes jurídicas han informado además de que el juez ha prorrogado el secreto de sumario sobre la pieza separada del caso, en la que se indagan en los pagos que Rato recibió de Lazard, el banco de inversión para el que trabajó antes de tomar las riendas de Bankia. Por esta pieza, el exministro de Economía declaró el pasado 19 de febrero.

En dicha pieza, el juez y la fiscal interrogaron a Rato sobre los 6,1 millones de euros que el exministro cobró de Lazard cuando ya no trabajaba para el banco de inversión, que fue además el que asesoró a Bankia en su salto al parqué, cuando Rato era el presidente. El exvicepresidente del Gobierno ya explicó que este cobro se debió al adelanto de la liquidación de unas acciones que le correspondían.

18 millones de euros en embargos

En la causa principal, el magistrado ya embargó bienes de Rodrigo Rato por un importe total de 18 millones de euros, incluida la pensión vitalicia que cobraba como ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. Dichos embargos buscan cubrir la fianza que le impuso el juez para garantizar su posible responsabilidad económica en un futuro juicio, si es condenado.

Los investigadores rastrean los movimientos de capitales que realizó Rato y centran el foco en la sociedad Kradonara, una empresa controlada por el exvicepresidente del Gobierno que cobró unos 6,5 millones de euros entre 2006 y 2014 de «origen desconocido» y procedentes del exterior, en muchas ocasiones de paraísos fiscales.