Cuentas públicas

La inversión del Estado, hundida en mínimos históricos

De todo lo que gasta el sector público estatal, las inversiones apenas suponen el 5%, la mitad que hace quince años

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La inversión pública tira de la economía, actúa como motor de arrastre de la actividad privada y, realizada con acierto, contribuye a mejorar las infraestructuras y a reforzar la competitividad del tejido productivo. El escenario más visible es el de la obra pública, pero no es el único. La estratégica I+D también depende de los flujos de inversión pública, que en España están en mínimos desde hace años.

Las organizaciones empresariales, en especial las vinculadas a la construcción de infraestructuras, llevan años reclamando al Estado que incremente su esfuerzo inversor. Sin embargo, la realidad de las cifras dibuja un pobre panorama: la inversión estatal se desplomó por el zarpazo de la crisis, pero continúa hundida pese a que la economía española lleva creciendo desde hace más de cuatro años.

Hay un indicador que revela con nitidez ese escaso esfuerzo inversor que arrastra el sector público estatal: el porcentaje del gasto público que se dedica a inversiones. El año pasado solo fue el 5,07%, según los datos oficiales recopilados por ABC. La Administración General del Estado consumió un total de 273.000 millones de euros; pero, de todos ellos, se invirtieron menos de 14.000 millones. Esta cifra incluye tanto las inversiones ejecutadas directamente por el sector público estatal como las que realiza a través de terceros, mediante transferencias de capital que entrega a administraciones autonómicas y locales, y empresas privadas.

Evolución a la baja

Ese porcentaje del 5% contrasta con el 9% a que ascendía el esfuerzo inversor del Estado hace quince años. En 2003, el sector público estatal dedicó a inversiones el 8,92% de todo el dinero que consumió aquel año; en 2004 fue el 9,14%: el 9,55% en 2005… En 2008, cuando afloró la crisis, se dio una cifra especialmente elevada de inversión pública estatal, unos 29.0000 millones de euros, el 12,6% de todo el dinero que gastó la Administración General del Estado durante aquel año.

Entre 2003 y 2008, la media de inversión estuvo en el entorno del 10% del gasto público total. Pero entre 2009 y 2013, en plena crisis, esa tasa se desplomó hasta una media del 6,7%. El mínimo se dio en 2012, cuando la Administración del Estado solo dedicó a inversiones el 4,2% de todos sus recursos. Desde entonces se ha remontado algo, pero muy poco. En 2015 el esfuerzo inversor fue el 5,06%; el 4,47% en 2016; y el citado 5,07% en 2017.

Este año sigue por los suelos

Durante el presente año las cifras no pintan mejor. De enero a mayo, solo el 3,4% del gasto público estatal fueron inversiones. Y el cambio de Gobierno que se produjo por la moción de censura de Sánchez forzó el lógico relevo en las cúpulas ministeriales, una incidencia burocrática que no ayuda a acelerar la tramitación y ejecución de proyectos. Lo habitual es que las mudanzas gubernamentales ralenticen temporalmente la maquinaria administrativa.

Un serio problema de cantidad

¿Por qué se sigue invirtiendo poco, pese a que España acumula cuatro años de crecimientos del PIB? Basta con echar un vistazo a la distribución del gasto: del dinero que maneja el sector público, cada vez es mayor el que se tragan los costes estructurales: sueldos, gasto corriente, intereses y vencimientos de la deuda. A más gasto estructural, menos margen para inversiones, una partida presupuestaria sumida desde hace años en una dieta permanente.

En cifra neta y a precios corrientes –sin contar el efecto de la inflación-, la Administración General del Estado invirtió el año pasado prácticamente lo mismo que en 2003, unos 13.900 millones de euros en números redondos. Pero con una gran diferencia: en 2003 el gasto público total de la Administración del Estado fue de 156.000 millones, mientras que en 2017 superó los 270.000 millones de euros. Otro ejemplo en la misma dirección: en 2017, pese a manejar 60.000 millones de euros más que en 2011, el sector público estatal invirtió casi 200 millones menos.

Queda claro que hay un serio problema de cantidad. Pero hay que tener en cuenta que, a la hora de invertir, la eficacia también depende del destino que se le da al dinero. El famoso y controvertido «Plan E» de Zapateroda fe de ello: en 2009 y 2010, con la crisis ya al galope, el Gobierno del PSOE apeló a las políticas keynesianas para parir su particular receta anticrisis que, en realidad, ni frenó la recesión ni consolidó empleo. Lo que sí hizo fue sumar déficit, problema añadido a las heridas arcas públicas. En ese bienio del «Plan E», la Administración del Estado dedicó a inversiones más de 44.000 millones de euros: 22.465 en 2009, y 21.732 en 2010. Fueron volúmenes inusualmente elevados, no solo teniendo en cuenta que eran años de crisis sino, también, en comparación con los años previos a la recesión.

Hoy por hoy, el reto al que se enfrentan las cuentas públicas desde este punto de vista es doble: aumentar la porción del gasto que se dedica a inversiones; y acertar en el destino de ese dinero, para que aporte realmente riqueza, que contribuya al crecimiento económico y del empleo de forma sostenible.