Hacienda estrecha el cerco sobre 21.000 acogidos a la amnistía fiscal

La declaración de bienes en el exterior, la medida estrella antifraude del Gobierno de Rajoy, ha servido para que la Agencia Tributaria vigile con especial celo a un grupo de acogidos a la amnistía fiscal de 2012 que después de regularizar informaron a Hacienda de su patrimonio en el extranjero. De los 31.529 contribuyentes acogidos a la amnistía, 21.271 presentaron también la declaración de bienes en el extranjero, según recoge la respuesta del Portal de Transparencia a una solicitud de acceso a la información de ABC. La declaración de bienes en el exterior o modelo 720 es el instrumento que tiene Hacienda para controlar con mayor cuidado a la mayor parte de los acogidos a la amnistía fiscal. Como prueba de su importancia, el Ministerio avisó en noviembre por carta a los 31.000 acogidos a la amnistía de que estaba investigando con especial celo a aquellos que después habían declarado patrimonio en el extranjero.

«Se está realizando un especial seguimiento de la correcta presentación del modelo 720 “Declaración de Bienes y Derechos en el Extranjero” por los presentadores de la Declaración Tributaria Especial», rezaba la misiva.

La sentencia del Constitucional hace unos días anuló la amnistía por haberse aprobado como un decreto-ley en lugar de como una norma ordinaria, pero no tiene efecto alguno sobre las regularizaciones presentadas ni sobre la posibilidad de que el Fisco inspeccione a a los amnistiados. Hacienda investiga a los acogidos pero no de forma aislada –así se comprometió la Dirección General de Tributos en junio de 2012–sino cruzando otras declaraciones en su poder cuando detecta irregularidades. El modelo 720 es la medida estrella en este sentido.

La declaración de bienes en el exterior tiene una especial dureza, con sanciones que pueden llegar hasta el 150% de lo defraudado y que incluye la no prescripción de las ganancias patrimoniales no declaradas, lo que ha hecho que Bruselas expediente al Gobierno atendiendo a las quejas de asesores fiscales. Hasta el punto de que si España no cambia la legislación, la Comisión Europea denunciará al Ejecutivo ante el Tribunal de Justicia de la UE. Fuentes de Hacienda rechazan que se vaya a suavizar la medida. Asesores consultados critican la inseguridad jurídica del modelo. A diferencia de la amnistía, que prescribió en noviembre de 2016, los incrementos de patrimonio no declarados que se descubran con el 720 no caducan.

Declaran un 92% más

La Agencia Tributaria está cruzando datos entre la amnistía y la declaración de bienes en el exterior para detectar incoherencias entre los que presentaron ambas e iniciar las investigaciones correspondientes. Así lo hizo con el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, que se acogió a la amnistía en 2012 y luego en 2013 presentó la declaración de bienes en el exterior. Fue esta última información la que encendió las alarmas en el Fisco, que comenzó las investigaciones por fraude sobre el exdirector del FMI por datos que no cuadraban entre ambas declaraciones.

Pese a que la recaudación de la amnistía fue menor a lo proyectado, 1.200 millones frente a los 2.500 previstos, los que regularizaron ahora declaran con más detalle. Los amnistiados que presentaron después el modelo 720 declararon un 92% más de Patrimonio a Hacienda entre 2007 y 2015. Durante la crisis su riqueza aumentó a 46.000 millones: es decir, cada uno de ellos tiene una base imponible en Patrimonio de 2,16 millones de media.

Junto a la información recabada por la amnistía, la declaración de bienes en el exterior ha supuesto un filón de datos para el Fisco. Desde 2013, los españoles con más de 50.000 euros en el exterior están obligados a informar a Hacienda de su patrimonio. De momento se han declarado 140.900 millones en el exterior y el Fisco ha desplegado 10.157 inspecciones sobre los declarantes del 720, destapando un fraude de 1.800 millones de los que ha ingresado 940 millones. En cuanto a la amnistía fiscal, el Fisco ha desplegado 3.545 expedientes sobre el 11% de los acogidos, que han recaudado 189 millones de euros.

Ante tanta información, el gran desafío de la Agencia Tributaria es saber explotarla. Por ello ha creado una macrobase de datos de grandes patrimonios con información de la amnistía fiscal, del 720 así como de las declaraciones de Patrimonio o Sucesiones. «Vamos a investigar todos los patrimonios en el exterior de quienes se acogieron a la mal llamada "amnistía fiscal"», señalan en el Ministerio.

Papeles de Panamá

Un torrente de información que aumentará en unos meses. A partir de septiembre la Agencia Tributaria recibirá una oleada de datos de cuentas financieras de 53 países por el intercambio automático de información de cuentas financieras. Una iniciativa de la OCDE para perseguir el fraude fiscal, que comienza a aplicarse para un primer grupo de Estados colaboradores desde septiembre entre los que se cuentan España, Anguila, Barbados, Bermuda, Guernsey, Islas Caimán, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Isla de Man, Liechtenstein o Reino Unido. En estos países, se compartirá la información de patrimonio y rentas en cuentas financieras a fecha de 1 de enero de 2016.

El intercambio se ampliará a otros 47 países en 2018, entre ellos, Suiza y Andorra, que compartirán sus datos con fecha 1 de enero de 2017. Varios despachos y asesores consultados señalan a ABC que esta obligación ha provocado un alud de movimientos de grandes patrimonios a finales del año pasado: nadie quiere salir en la foto que llegará a Hacienda. Estas fuentes destacan el caso de patrimonios en Suiza pero, sobre todo, en Andorra.

«En los últimos meses de 2016 hubo muchos movimientos de fondos, testaferros, retiradas de dinero o donaciones a entidades sin ánimo de lucro sobre todo de clientes con cuentas en Andorra que no querían aparecer como titulares con el intercambio de datos», apuntan desde un bufete que ha realizado más de 1.000 regularizaciones. La cercanía del intercambio de datos también ha provocado un aluvión de regularizaciones. Los españoles tienen declarados 19.867 millones en Suiza y 4.096 millones en Andorra.

Estas fuentes jurídicas resaltan el celo del Fisco sobre los declarantes de bienes en el exterior y sobre los que aparecieron en los «papeles de Panamá» –filtraciones que revelaron el nombre de empresarios, políticos y deportistas con cuentas y sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño Mossack Fonseca–, con registros judiciales y llamadas a personas que aparecen en la lista.