Hacienda endurecerá la tributación del traslado de activos al exterior

Pese al parón político, el Ministerio de Hacienda ultima la reforma para transponer la directiva europea contra la elusión fiscal. Una de las principales medidas que traerá consigo calcar la norma continental es el endurecimiento del impuesto de salida o "exit tax" que grava el cambio de residencia a otro país de los que posean más de 4 millones de euros en acciones o participaciones, o bien más de un millón de euros en el caso de tener más de un 25% de una empresa. La reforma fiscal introdujo esta medida para que las plusvalías de estos títulos tributen antes de haberlas vendido en su país de origen, simplemente por el cambio de residencia de una persona o empresa, permitiéndose postergar el pago de impuestos cinco años si finalmente el traslado se producía a otro país europeo.

Curiosamente, en un principio la Justicia europea se pronunció contra este cambio. Sin embargo, dos años después, la UE ha incorporado y endurecido esta medida a su directiva contra la elusión fiscal, que debe entrar en vigor para 2019. En dicha norma no solo se tributará cuando se produce el cambio de residencia, sino que solo por trasladar los activos a otro país ya se deberá de rendir cuentas al Fisco, lo que afectará por ejemplo al cambio de patentes de un país a otro, reseña la propia directiva. España deberá endurecer también su legislación.

Así lo describió en el XXVI Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado la subdirectora general de impuestos sobre las personas jurídicas de la dirección general de tributos, Begoña García Rozado, quien reseñó que el conjunto de medidas para trasponer esta directiva están "muy avanzadas" por Hacienda, en concreto las que atañen al Reglamento del Impuesto de Sociedades. La norma europea adapta el plan BEPS (plan contra la Erosión de las bases imponibles por sus siglas en inglés) que lideró la OCDE.

Este proyecto busca acabar con la ingeniería fiscal que tejen las multinacionales para reducir el pago de impuestos y tiene en su medida estrella conocer cuántos impuestos paga cada empresa en cada país. España ha sido uno de los países que antes ha incorporado este punto a su legislación, ya que lo hizo en la reforma fiscal. Las filiales extranjeras y matrices que facturen más de 750 millones ya están recabando su información de 2016 para enviársela en 2017 a la Agencia Tributaria.

Sin embargo, junto a esta medida, el Fisco debe transponer un abanico de capítulos que sí incluye la directiva europea y no contaba el plan de la OCDE. Entre ellas figura la adaptación de los 94 convenios multilaterales a un convenio estándar que España ya tiene ultimado para así vigilar a las multinacionales. Europa también cuenta con una definición diferente del Ebitda de las empresas que la legislación española. Mientras que Hacienda lo define como el beneficio de la empresa antes de amortiaciones e impuestos y le añade los dividendos de las filiales, describió Begoña García Rozado. Este último concepto no lo contempla la legislación europea, por lo que el Ministerio deberá también estudiar este punto.

Torrente de información fiscal

La Agencia Tributaria, además, se prepara informáticamente para recibir una avalancha de datos tributarios del exterior sin precedentes desde el año que viener, afirmó el director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Luis María Sánchez. En sus palabras, este torrente tendrá varias fuentes: en primer lugar, vendrá de los datos de las grandes empresas que detallarán su actividad de forma pormenorizada país por país por la obligación del plan BEPS.

Asimismo, en septiembre de 2017 España tendrá acceso a las cuentas financieras en el exterior de los españoles que vivan en alguno de los cerca de cien países que han firmado el intercambio automático de información fiscal.