Vista del peaje de la R-2, la autopista de peaje que discurre a lo largo de 62 kilómetros entre la M40 y Guadalajara,
Vista del peaje de la R-2, la autopista de peaje que discurre a lo largo de 62 kilómetros entre la M40 y Guadalajara, - EFE

El Gobierno pone en marcha el rescate de las autopistas de peaje en quiebra

El Consejo de Ministros autoriza la resolución de ocho contratos que mantenían estas vías con sus concecionarias

MadridActualizado:

El Gobierno ha puesto en marcha el rescate de las autopistas de peaje en quiebra. El Consejo de Ministros aha aprobado la resolución de siete contratos de concesión referentes a estas vías e instó al secretario general de Infraestructuras a que determine la fecha en la que Fomento, a través de la sociedad estatal Seittsa, se hará cargo de las carreteras.

Los contratos resueltos corresponden a las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, a la M-12, a la AP-36, al tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y el referente a la Circunvalación de Alicante. Por el momento, ya se ha establecido la fecha concreta del rescate de tres de estas vías. La R-4 pasará a manos del Estado el miércoles, mientras que el tramo de la AP-7 y la Circunvalación de Alicante harán lo propio el 1 de abril. Según informó ayer Fomento, la ruptura de estos acuerdos supone el inicio de un proceso de trámite que incluirá «la consecución de informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado». Una vez estén preparados los escritos, el Consejo de Ministros deberá ratificar de nuevo la resolución contractual.

El Ejecutivo todavía tiene pendiente plantear la ruptura de una novena autopista, la AP-41 Madrid-Toledo, una medida que aún no se ha producido debido a que, a diferencia del resto de vías, en este caso el concurso de acreedores todavía no se ha liquidado. Sin embargo, el Gobierno ya ha avisado de que, si este procedimiento se retrasa demasiado, puede tomar el control de la infraestructura aunque no haya sido finiquitada.

Coste de 2.000 millones

Cuando las carrteras pasen a manos de Seittsa, el Estado tendrá seis meses para fijar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), que es la cifra que deberá pagar a las empresas concesionarias por hacerse con los activos. La cuantía de este concepto todavía no ha sido fijada y se sitúa en un rango que va desde los 2.000 millones que prevé el Ejecutivo hasta los 5.000 millones que estima Seopan, patronal de las grandes constructoras.

La intención del Ejecutivo es amortiguar el impacto que tendrá esta suma en el déficit público con los ingresos obtenidos gracias a la nueva adjudicación de las autopistas. Para ello, su relicitación, cifrada por el Ministerio de Fomento en hasta 1.000 millones de euros y planteada en dos lotes, se debería realizar en el mismo ejercicio que el abono de la RPA.