Los fondos alertan al Gobierno de que su reforma disparará el precio del alquiler

La actividad en los pasillos de los Ministerios de Economía y Fomento es frenética a escasas semanas de que el Gobierno apruebe su propuesta de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) . Inmobiliarias y fondos de inversión como Blackstone y Azora están presionando a ambos departamentos para intentar que el texto definitivo sea más benévolo con los grandes propietarios profesionales de viviendas. Estos avisan de que la iniciativa, concebida para otorgar más protección a los inquilinos , puede incentivar la subida del alquiler.

Y es que la reforma concebida por el Ejecutivo amplía el periodo de los contratos de arrendamiento de tres años a cinco en el caso de que el propietario sea un particular y a siete en el supuesto de que se trate de una persona jurídica. Una medida que es calificada como «discriminatoria e ineficiente» por varios fondos consultados por este diario. Estas empresas apuntan que el alquiler profesional en España supone apenas el 3% del total , un porcentaje que se reducirá si finalmente sale adelante la iniciativa del Ejecutivo, que desencadenará según estas firmas una retirada de la inversión.

Como consecuencia, procesos como la rehabilitación del «stock» de viviendas quedará paralizado. «Solo hay que entrar en idealista y ver qué pisos están en peor estado : los de los particulares», apuntan estas fuentes.

Los grandes tenedores de viviendas también han advertido al Ejecutivo de que los alquileres se encarecerán si no se modifica considerablemente la reforma planteada. Sobre todo porque la iniciativa obliga a ligar al IPC la subida de los arrendamientos , lo que unido a la ampliación de la duración de los contratos empujará a que los propietarios pidan una cantidad superior en un inicio, según estos inversores, que reclaman incentivos fiscales para que se incremente la oferta de viviendas disponibles y así relajar la escalada de los precios.

Las reclamaciones de estos fondos parecen tener pocos visos de progresar. El propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos , ha insistido esta misma semana en su intención de proteger a los inquilinos con medidas «urgentes», entre las que se encuentra la reforma de la LAU. Según fuentes del departamento, para esta iniciativa se ha contado con la opinión de «distintos actores del sector inmobiliario».

Según estas fuentes, la medida será aprobada este mismo mes por el Consejo de Ministros . Eso sí, tras ello tendrá que ser respaldada por el Congreso de los Diputados, un trámite que no parece nada sencillo. Hay que tener en cuenta que distintos partidos políticos, entre los que también se encuentra el PNV, no ve con buenos ojos este tipo de políticas intervencionistas.

Como fuere, el Ejecutivo parece haber puesto a los fondos de inversión en el foco de sus políticas. «La reforma planteada es una mezcla de dos proposiciones de ley presentadas la pasada primavera por PSOE y por Podemos », explican estas fuentes, que destacan la «presión» que está haciendo en este sentido la formación morada. No hay que olvidar que a esta reforma se le une el pacto alcanzado entre ambas formaciones para endurecer el régimen fiscal de las socimis: por las r entas obtenidas del alquiler el tipo de Sociedades es del 0%, ya que se entiende que los beneficios se distribuyen y ya tributan. El Ejecutivo y Podemos quieren fijar un tipo del 15%.