El expediente de la CNMC amenaza con reabrir el conflicto de la estiba
El organismo podría determinar la nulidad de los pactos en el sector
Una superficial y momentánea paz social había llegado a los puertos españoles después de un comienzo del año enormemente conflictivo , con motivo de la resistencia de los sindicatos a la liberalización del sector impuesta por la Unión Europea. Trabajadores (representados por el sindicato mayoritario, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar; UGT, CC.OO. y organizaciones regionales) y empresas, agrupadas en la patronal Anesco , suscribieron el pasado 6 de julio la modificación del cuarto « acuerdo para la regulación de las relaciones laborales », un documento que ponía fin a la singladura del nuevo marco laboral del colectivo. Las negociaciones, rotas en varias ocasiones, fructificaron tras la intervención de Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), a solicitud del Gobierno y tras un pacto sin precedentes en el arco parlamentario entre PP, PNV, Ciudadanos y PdeCat para aprobar el real decreto-ley.
Un nuevo elemento ha venido a enturbiar las aguas del sector. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) comunicó el pasado lunes la incoación de un expediente sancionador contra la patronal y los sindicatos por los términos del acuerdo del pasado mes de julio. Diversas empresas de la estiba habían denunciado -siempre en privado, en sordina- que este pacto y los alcanzados por separado en cada terminal, firmados bajo la amenaza de boicot y paros en los puertos, contravenían el propio real decreto . Los calificaban de «parches» que se habían aceptado para ofrecer una rápida solución a la inestabilidad en los puertos, pero reconocían sus sombras y ponían en duda su adhesión a la reforma normativa.
El documento del organismo regulador de la competencia denuncia que las prácticas pactadas por empresas y sindicatos restringen «la libertad de contratación de trabajadores» y limitan «la libertad de las empresas de participar o no en las sociedades» que proporcionan dichos servicios. La organización presidida por José María Marín Quemada ha iniciado un proceso, que se puede extender un máximo de 18 meses y que podría conllevar la «nulidad» del acuerdo vigente y la obligación a las partes de alcanzar un nuevo pacto, tal y como detallan fuentes del «superregulador».
Contrario aún a la UE
« La CNMC ha observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la normativa de competencia », detalla el texto, que apunta a la existencia de «presuntas infracciones» tanto en la Ley de Defensa de la Competencia española como en el Tratado de la UE.
Como avanzó ABC el pasado mes de junio , diversas compañías del sector de la estiba, agrupadas en la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), habían solicitado por carta a Marín Quemada la intervención del organismo ante los acuerdos de garantías de empleo. La organización explicaba en el escrito que «aceptar las peticiones de los sindicatos» implicaba «ir contra la ley y contra la sentencia europea, además de dejar la reforma aprobada por el Gobierno en simples retoques cosméticos que no solucionan el problema de fondo». Entre las firmas que integran esta asociación se encuentran Bergé, Ership y Algeposa, sociedades que rechazaron dar su brazo a torcer con los sindicatos y que abandonaron Anesco poco antes de que se formalizara el acuerdo.
La investigación de la CNMC ha irrumpido en un momento en el que las partes se encuentran aún negociando un nuevo convenio colectivo para desarrollar el acuerdo de mínimos censurado por el «superregulador» y ajustar su modelo de trabajo a la reforma legal impulsada por el Ministerio de Fomento y avalada, en su dimensión laboral, por el Ministerio de Empleo. Las organizaciones sindicales y la patronal se habían comprometido a suscribir dicho acuerdo definitivo antes del 30 de septiembre , compromiso que ha quedado en papel mojado. Queda también pendiente el real decreto de desarrollo normativo del sector, que debe reflejar los pactos alcanzados en la negociación colectiva.
« Es un ataque directo contra el derecho a la libertad sindical . No está dentro de la CNMC meterse en la negociación colectiva, máxime en un sector como el nuestro, en el que la posibilidad de subrogación por negociación quedaba recogida en el real decreto y después de que Empleo diera su visto bueno al acuerdo entre las partes», defiende Antolín Goya, coordinador general del sindicato gremial Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que celebra su congreso confederal hoy y mañana en Sevilla.
Goya considera que lo que busca la CNMC es interrumpir y «bloquear» la negociación del nuevo convenio colectivo. «En los próximos días valoraremos en profundidad todo aquello que esté en nuestras manos para defender el acuerdo alcanzado», advierte el coordinador, quien no descarta acercamientos con Anesco para adoptar acciones conjuntas. «Vamos a pleitear con ese tema, tanto por los derechos sindicales como por la negociación colectiva», zanja.
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