Exclusión financiera y despoblación
«Ni siquiera el camino de la digitalización llega a las regiones atacadas por la despoblación, pues la brecha digital afecta a nada menos que el 65% del territorio»
La paulatina supresión de servicios bancarios en muchos de los municipios del medio rural, buena parte de los cuáles sufren la sangría de la despoblación, es un síntoma más de un grave diagnóstico que ataca nada menos que al 80% del territorio nacional: sin duda una crisis territorial de inmensurables consecuencias demográficas, ambientales, económicas e incluso culturales que no podemos permitirnos como país.
Amparados bajo el techo de la crisis financiera que explotó en 2008, las entidades bancarias optan, como otros sectores económicos, por desmantelar las oficinas locales e incluso por eliminar hasta los cajeros automáticos, despoblando así servicios tan comunes y cotidianos en las zonas urbanas como la retirada de efectivo o los depósitos, ignorando curiosamente el hecho de que el medio rural ha soportado en mejores condiciones la crisis económica y en él se localizan ahorros familiares y cuentas empresariales con alto grado de fidelización a sus entidades financieras.
A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han llegado las alertas y también las demandas referidas a la «exclusión financiera», de mano de las diputaciones provinciales y de los propios ayuntamientos sufridores de esta deslocalización bancaria, frente a la que se han ejercido iniciativas dignas de ser consideradas por otras administraciones. En este sentido, destacan aquellas que han supuesto una intervención directa como, por ejemplo, la puesta a disposición de espacios públicos para la ubicación de cajeros automáticos e incluso la asignación de recursos económicos para el mantenimiento de los mismos, previa contratación administrativa.
En un mundo digitalizado y actuado telemáticamente a través de un simple teléfono móvil que gestiona nuestros hechos más simples -como pueda ser la consulta de la cuenta corriente- pudiera pensarse que la digitalización y la banca electrónica serían (son) la solución a la exclusión financiera. Sin embargo, se da la paradoja de que ni siquiera este camino llega a las regiones atacadas por la despoblación, pues la brecha digital (en algunos casos «apagón» completo) afecta a nada menos que el 65% del territorio nacional.
Apelar a la responsabilidad social corporativa exhibida por las grandes entidades bancarias también parece que ha tenido escaso éxito, más interesadas en practicar dicha responsabilidad en lugares poblados, urbanos y en los que se domicilian las grandes empresas.
A las entidades financieras no les interesa nuestro medio rural, ya saben que está despoblado, y consideran que sin población no hay valor empresarial; desconocen que es en la España despoblada en la que se están generando iniciativas extraordinarias tanto públicas como privadas, y en ocasiones compartidas por ambas, de las que surgen innovación tecnológica, alta especialización en el sector agroalimentario o experiencias novedosas en la gestión de recursos naturales y que también generan actividad económica, empleo y sostenibilidad del territorio.
Resulta obligado, necesario y urgente atender a este reto demográfico con una estrategia integral inclusiva de todos los actuantes sobre el territorio, comenzando por las Administraciones Públicas y contando con los territorios y su población; aplicando la buena gobernanza que empieza desde abajo y excluyendo aquella que se impone desde las grandes concentraciones urbanas, donde algunos centros de decisión disponen quiénes son los ciudadanos y ciudadanas que gocen de servicios accesibles y cercanos o quiénes deben recorrer 80 kilómetros para consultar su saldo en la cuenta corriente.
