La norma prevé que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de los contratos para centros especiales de empleo
La norma prevé que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de los contratos para centros especiales de empleo - EFE

Entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, con la reducción y agilización de trámites

La nueva norma apuesta por el uso de medios electrónicos, la reducción de los plazos de adjudicación y el aumento de la competencia con mayor participación de las pymes

MadridActualizado:

Este viernes entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuatro meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con esta norma se transponen al ordenamiento jurídico español una serie de directivas europeas de febrero de 2014. Entre los objetivos de la ley se encuentran reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.

Hacienda ha destacado que la ley que entra este viernes en vigor, supone un "antes y un después" en la contratación y ha añadido que, a partir de ahora, también contribuirá a las políticas sociales, medioambientales y de fomento de la innovación.

En un comunicado remitido hoy, Hacienda subraya que esta normativa, aprobada en octubre con gran consenso parlamentario, va "más allá" de la trasposición de directivas comunitarias y busca la calidad y la competencia en las contrataciones, facilitando la entrada de pymes.

Por otra parte, se ha apostado por la utilización de medios electrónicos, la reducción de plazos de adjudicación y se ha aumentado la competencia para una mayor participación de las pymes y se ha incentivado que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.

Además, se ha recogido la posibilidad de que se exija a la empresa que el periodo de pago a sus proveedores no supere determinados límites y no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares. En este sentidio,

Trabajadores con discapacidad

De igual modo, la nueva Ley obliga a las Administraciones Públicas a garantizar que los contratistas cumplen con las normas aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Además de obligar a reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a entidades del denominado tercer sector.

Por ejemplo, la norma prevé también que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de determinados tipos de contratos públicos para centros especiales de empleo, así como a empresas de inserción o programas en los que al menos el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad. Además, se ha establecido la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.

En este sentido, la ley también prevé nuevos mecanismos de control, ya que va a permitir a las organizaciones sindicales interponer recurso especial cuando pueda deducirse de una forma fundada que en la ejecución de un contrato se incumplen las obligaciones sociales o laborales.