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El decreto del alquiler queda en el aire ante el pulso del PNV

El grupo nacionalista vasco exige el traspaso de competencias y también deja en vilo la aprobación del decreto de la estiba portuaria y el destino del superávit de las comunidades autónomas y entidades locales

Aitor Esteba, portavoz del PNV JAIME GARCÍA
Ana I. Sánchez

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El pulso se mantiene hasta el final. El necesario apoyo del PNV para que el Gobierno convalide los decretos aprobados en sus «viernes sociales» solo está garantizado para las normas que competen al ministerio de Trabajo y el Brexit. Esto es, quedarán convalidada la ampliación de cinco a ocho semanas de la baja de paternidad y la ampliación desde los 55 hasta los 52 años del subsidio de 420 euros para los parados de larga duración.

Además, aunque tachado de «claramente insuficiente», el grupo nacionalista vasco apoyará también el paquete de medidas para paliar los efectos de un Brexit sin acuerdo. En vilo sigue, por tanto, el decreto que regula el mercado del alquiler , que ya se ha visto afectado por tres regulaciones en los últimos tres meses, así como el de la estiba portuaria y el destino del superávit de las comunidades autónomas y entidades locales.

Durante el debate de este decreto, el diputado del PNV Mikel Legarda no ha avanzado el sentido del voto de su grupo aunque ha cerrado su intervención con una conclusión muy crítica. «No aborda las causas más importantes de la escasez y carestía del sector del alquiler», ha concluido. Fuentes de la formación insistieron en que el sentido del voto sigue sin estar decidido aunque apuntaron a que, en este momento, su posición es más cercana a votar en contra que a apoyarlo.

En declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de la Diputación Permanente, Aitor Esteban , portavoz del grupo ya dejó patente que su grupo mantendrá la tensión hasta el final: «Los decretos de Trabajo cuentan con apoyo de PNV, los demás ya veremos, habrá que esperar al momento de la votación». Además, Esteban ha mostrado su malestar por la forma en la que el Gobierno está intentando sacar adelante estos decretos: «Estamos molestos. No es de recibo hacer decretos leyes en este periodo cuando se podían haber presentado anteriormente. Y es menos de recibo que se haga sin consultar al resto de los grupos parlamentarios. Este es un trámite de sí o no y es muy difícil estar de acuerdo en todas las materias». Respecto a la posibilidad de tramitar la norma como proyecto de ley, Esteban se han mostrado contrario: «Aquí no valen las enmiendas, no tiene pies ni cabeza discutir en plena campaña. Esto se podría convertir en una competición y la legislación en un churro ».

Tras el pulso del PNV se esconde su reclamo a La Moncloa de que se culmine el traspaso de siete competencias antes del 28 de abril: las referentes al transporte de cercanías y FEVE, innovación tecnológica, estudios de obras públicas, productos farmacéuticos, seguros escolares, ayudas a la jubilación de empleados afectados por EREs y escuelas viajeras. «El Gobierno español asumió unos compromisos y si ha tenido tiempo de presentar estos decretos también podría haberlos presentado. Esperamos que haya una actitud de compromiso», ha advertido Esteban.

El grupo vasco tiene en su mano inclinar el resultado en un sentido u otro ya que la Diputación Permanente cuenta con 65 miembros de los que el PSOE y sus socios de investidura suman 33, frente a los 32 del PP y sus aliados. En esos 33 votos del bloque de izquierdas se incluye el asiento del PNV. Por tanto, si este grupo decide no otorgar su apoyo al PSOE, el Gobierno necesitaría recabar el "sí" de algún grupo del bloque de derechas para poder convalidar los textos. La Diputación Permanente, órgano que sustituye al Congreso de los Diputados cuando la cámara está disuelta, debate hoy seis decretos: el relativo al Brexit, igualdad de oportunidades en el empleo; lucha contra la precariedad laboral; medidas relacionadas con la vivienda y el alquiler; regulación las empresas de trabajo temporal para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria, y destino del superávit de las comunidades autónomas y entidades locales.

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