Las cuentas pendientes de Sacyr en el Canal de Panamá

Al otro lado del mostrador, la dependienta de la tienda de «souvenirs» muestra la colección de camisetas. No hay excesivas diferencias entre este tipo de establecimientos en ciudad de Panamá o, por ejemplo, Benidorm. Coloridos llaveros e imanes para la nevera, vasos de chupito, postales con paisajes crepusculares y escenas de playa... Pero entre la quincalla del «todo a 10 dólares» y los peluches, algunos productos nacionales, como las guayaberas y los sombreros locales «made in China», nos sitúan en el país centroamericano; y, sobre todo, una imagen, que preside prácticamente todos los rincones del establecimiento: un gigantesco barco recorre un estrecho hilo de agua que podría representar cualquiera de las esclusas del Canal (Gatún, Pedro Miguel o Miraflores).

No es tan siquiera necesario adentrarse en el país, profundizar en su economía o cultura.

Basta con visitar un local de estas características para comprobar la relevancia de esta construcción iniciada a comienzos de siglo XX por el Gobierno estadounidense de Theodore Roosevelt y que supone aproximadamente un 6% del PIB panameño. El Canal es un emblema, un motivo de orgullo, una cuestión de Estado, algo que Sacyr ha podido comprobar y padecer durante los cinco años de construcción del tercer juego de esclusas, más de 1.800 días que no han estado exentos de «contratiempos» - como los calificó el propio presidente panameño, Juan Carlos Varela- que a punto estuvieron de provocar el naufragio del proyecto a comienzos de 2014.

El historial conflictivo entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), cliente de la obra, y el consorcio liderado por la española (Grupo Unidos por el Canal, GUPC) se ha extendido prácticamente durante toda la vida de la obra. La lista de imprevistos con la que se ha topado el grupo de empresas es nutrida: convocatorias de huelgas, calidad deficiente de materiales de construcción (principalmente, el basalto), modificaciones en la normativa y condiciones geotécnicas desfavorables de los suelos, entre otros muchos. Tal es así que la factura final del proyecto se ha elevado, según reconoció esta semana Sacyr, a 5.581 millones de dólares (5.010 millones de euros al cambio actual) frente a los 3.192,7 millones inicialmente presupuestados (2.866 millones de euros). Es decir, casi 2.400 millones de dólares de diferencia que, si el Gobierno panameño no sufraga, se sustraerán de la cuenta de resultados de las empresas constructoras (además de Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la local CUSA).

Acuerdo «razonable»

Cuando el proyecto se adjudicó en 2009 en el sector se extendieron las dudaron sobre la capacidad de la compañía entonces presidida por Luis del Rivero para rentabilizar la obra. Sacyr presentó la oferta más baja, con una sustancial diferencia de presupuesto frente a la de sus competidoras, entre las que se encontraban un consorcio de base española liderado por ACS y la norteamericana Bechtel, que presentó un plan por 4.200 millones de dólares y que ya advirtió de que la española trataría de renegociar el contrato al alza pasados unos años porque la oferta vencedora no daba «ni para poner el hormigón». La estadounidense, sin embargo, pareció obviar que Sacyr logró las mayores calificaciones de la parte técnica, un proceso previo a la apertura de los sobres con las condiciones económicas.

De momento, la ACP y el DAB (la junta de resolución de conflictos pactada por ambas partes) han dado la razón a Sacyr en relación con las reclamaciones que ha presentado por valor de 1.090,8 millones de dólares (981,2 millones de euros), aunque parte de ellas son recurribles. Quedan en juego, tanto en el DAB como en el CCI (Tribunal de arbitraje con sede en Miami), más de 2.800 millones de dólares (cerca de 2.560 millones de euros). La empresa se siente satisfecha si recibe al menos el 50% de lo reclamado.

Sin embargo, algunos directivos de Sacyr han reconocido en público que será «difícil ganar dinero» con este proyecto y que la aspiración de la empresa es que los arbitrajes «permitan retrotraer pérdidas ya reconocidas», como admitió, con una franqueza inusual, Fernando Pardo, el representante de Sacyr en el consorcio GUPC. En total, el grupo de compañías ha provisionado 1.000 millones de euros, de los cuales 500 corresponden a Sacyr.

Estas declaraciones se encontraron con una rápida contestación por parte del propio presidente de la compañía, Manuel Manrique, quien recalcó que no todo está perdido: «La ampliación del Canal de Panamá es una historia de éxito absoluto para España y Panamá, y no puede ser que esta historia de éxito no acabe de una manera razonable, y en ello estamos trabajando».

Sacyr confía en que la duplicación de la capacidad de la infraestructura y, por ello, el aumento de los ingresos que percibirá a partir del próximo 26 de junio, cuando se inaugura la ampliación, permitirán a que presente una mayor disposición al diálogo. El objetivo es encontrar, a partir de ese día, una solución mixta y evitar dilatar los litigios más allá de 2020, plazo previsible si se mantiene el pulso en los tribunales de arbitraje. «Hemos ganado 11 de 12 reclamaciones -recordó Manrique- y se nos han concedido el 52% del volumen económico demandado hasta ahora. Si continuamos en esta línea el resultado final de la obra será positivo», remachó el empresario.

Por otro lado, se encuentran los conocido, en la jerga técnica, como «intangibles»: realizar esta obra ha otorgado a Sacyr un renombre internacional que le permitirá pujar por los futuros contratos de estas características. El contrato llegó en un momento crucial para Sacyr, que, con una deuda superior a los 19.700 millones de deuda como anabolizante, había tratado de hacerse con el control de Repsol, BBVA y la constructora francesa Eiffage, movimiento que dejaron a la firma exánime en un momento en el que el sector del ladrillo se adentraba en una profunda crisis. Lo que no ofrece interpretaciones es que hoy el consorcio entregará la obra. Termina el proyecto, pero comienza el verdadero reto -material- de Sacyr: rentabilizarla.