Competencia pide rebajar la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas
Las compañías se repartieron más de 5.000 millones de euros en 2016
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) «considera necesario» de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará en 2020, revisar a la baja la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica «mediante una metodología que la adecue al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».
El marco actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Sin embargo, Competencia observa un incremento de la rentabilidad económica, «ya que su ROI (retorno de la inversión) pasa del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. La rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%».
Esta es la conclusión que recoge el informe de la CNMC que preside José María Marín sobre las principales empresas de distribución del sector eléctrico ( Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo).
Para las distribuidoras de más de 100.000 clientes, que corresponden exclusivamente a las cinco empresas que se analizan en este informe, el importe ascendió en 2016 a 4.734 millones de euros, lo que representa un crecimiento de 2,8% respecto a la retribución definitiva de 2015, que ascendió a 4.602,5 millones.
El total de la retribución a las distribuidoras eléctricas, incluidas las de menos de 100.000 clientes, ascendió en 2016 a 5.195 millones de euros. De esta cantidad, el 39% correspondió a Endesa, el 32% a Iberdrola, el 14% a Unión Fenosa, el 4% a Hidrocantábrico y el 3% a Viesgo.
Supone el 30% de los costes
Esta actividad representa aproximadamente el 30% de los costes regulados del sistema eléctrico que se incluyen en la factura de la luz.
El informe de la CNMC compara la evolución de la posición financiera y el rendimiento para cada empresa entre 2013 y 2016 y analiza su situación económica-financiera, en términos de inversión, rentabilidad y apalancamiento.
El resultado neto de estas empresas creció de 1.320 millones de euros en 2013 a 1.530 millones en 2014 y a 1.870 millones en 2015. En 2016 fue de 1.794 millones.
Cabe destacar que durante el periodo objeto de análisis se mantiene el activo total de estas empresas en, aproximadamente, 34.000 millones de euros. Asimismo, las inversiones anuales en inmovilizado material se mantienen en valores superiores a los 1.000 millones de euros durante el periodo, alcanzando los 1.160 millones de euros en 2016.
El importe neto de la cifra de negocios se ha incrementado de 5.214 millones de euros en 2013 a 5.471 millones de euros en 2016 motivado, principalmente, por el incremento de los ingresos regulados de la distribución eléctrica.
Por otra parte, destaca que estas empresas han reducido su personal en un 9%, pasando de 9.877 a 8.990 empleados. De igual forma, se ha producido un descenso significativo de los gastos de explotación durante el periodo 2013-2016, pasando de 1.348 a 1.139 millones de euros.
Unesa subraya la buena gestión de las empresas
Por su parte, la patronal eléctrica Unesa considera que el informe económico-financiero de la CNMC «demuestra el enorme esfuerzo realizado por las empresas para mejorar su eficiencia, rentabilidad y calidad de servicio a los consumidores».
Todo este esfuerzo empresarial «también es extrapolable al área de las inversiones -que la propia CNMC cuantifica en más de 1.000 millones de euros anuales - lo que ha redundado en una mejora continuada de los estándares de calidad y de servicio a empresas y hogares (el tiempo medio de interrupción se redujo en un 32% en 2013-2016)».
Además, Unesa comparte el criterio expresado en sus conclusiones por la CNMC de que «llegado el momento de la revisión de la tasa de retribución financiera (1 de enero de 2020) se debería adecuar ésta al coste de los recursos propios y ajenos de las empresas distribuidoras. Para ello, habría que implementar una metodología objetiva que esté alineada con las mejores prácticas de los países de nuestro entorno».
