Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez (d) e Ignacio Fernández Toxo (i)
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez (d) e Ignacio Fernández Toxo (i) - EFE

La competencia en la formación deja a CC.OO. y UGT sin lograr un solo curso

Madrid Actualizado: Guardar
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Los centros formativos adscritos a UGT y CC.OO. no impartirán ni un solo curso en la primera convocatoria abierta que se realiza con la ley de formación que entró en vigor en abril. De los seis centros presentados por los sindicatos que dirigen Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez -tres cada uno de ellos- ninguno ha logrado la valoración suficiente y, por tanto, no forman parte de los 100 que han sido seleccionados entre los 300 presentados para impartir formación a jóvenes en el primer concurso en el que se aplica concurrencia competitiva. Es decir, directa competencia entre centros.

El rechazo a la oferta sindical supone también que no podrán acceder a una parte de los 40 millones que se ofertan en esta primera convocatoria de 2015.

La selección realizada por la Fundación Tripartita, de la que forman parte los agentes sociales y la Administración, es aún provisional y contra la misma las centrales aún pueden presentar alegaciones.

Ayer, UGT y CC.OO. pusieron el grito en el cielo por la puesta en práctica de una norma que ha reducido el poder que estos han jugado hasta ahora en la formación y, en consecuencia, también los recursos que reciben por el papel que jugaban al estar presentes en todas las fases del sistema (diseño, organización, gestión e impartición de cursos). Ahora, han salido de la impartición directa de esos cursos, que ya se concederán en régimen de concurrencia.

Que los agentes sociales dejen de impartir directamente cursos -podrán seguir haciéndolo si ganan los concursos a través de las fundaciones de formación que tienen: IFES (UGT) y Forem (CC.OO.)- supone un cambio sustancial en el sistema tras más de dos décadas. Con la nueva norma no salen del sistema. Siguen desempeñando un papel relevante en el diseño y organización, pero dejarán de ser «juez y parte» y de diseñar, organizar, decidir, impartir y evaluar la formación, protagonista en los últimos años de un rosario de escándalos.

Con la nueva norma esos escándalos parecen tener los días contados teniendo en cuenta que la ley permitirá tener información actualizada en cada momento de toda la formación en España, de los cursos que se realizan, de quién los imparte y también quién los certifica. Además, habrá un seguimiento y evaluación de los mismos. Medidas que ya han entrado en vigor y son respuesta al reciente informe del Tribunal de Cuentas en el que se alerta de que patronal y sindicatos abusaron de la subcontratación de cursos a empresas que ellos mismos controlaban durante 2010, último año fiscalizado.

Fuentes consultadas por ABC aseguraron ayer que los sindicatos no han protestado por la convocatoria para jóvenes hasta que se ha resuelto. Afirmaron también que la nueva reforma en marcha ha introducido transparencia en el proceso, pero reconocieron que aún se mantienen algunos «vicios del pasado» en los procesos de formación que se irán corrigiendo en el futuro.

Las centrales de Méndez y Toxo criticaron duramente ayer una convocatoria que les ha dejado fuera de un «negocio» que históricamente les ha generado millonarios ingresos. En una nota conjunta, pidieron ayer la «paralización inmediata» de la convocatoria por «fraude de ley y abuso de derecho».

Además, denuncian que algunas «redes de consultoras y centros» han conseguido la máxima valoración técnica «mediante subterfugios y artificios, de modo que los proyectos con propuesta de aprobación, si bien tienen apariencia de legalidad, no cumplen los fines de la convocatoria ni los principios de eficacia y eficiencia que debe presidir la gestión de subvenciones públicas, según la ley».

Irregularidades

Ambos sindicatos señalan en su nota varias irregularidades, como 11 proyectos con propuesta de aprobación, por un importe total de 4,2 millones, que incluyen gran número de los cursos dirigidos a un único participante. «El caso más extremo es de una entidad que solicita financiación para 33 cursos de idiomas, de los cuales 32 son para un único alumno y uno, de inglés C1, para 223», según CC.OO. y UGT.

También denuncian que, por ejemplo, un centro de formación declara dedicar 149 docentes a la impartición de un curso para 15 alumnos, mientras, en el mismo expediente, otro declara que va dedicar sólo dos docentes a impartir dos cursos para 50 participantes.

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