La Comisión Europea investiga los acuerdos entre Bélgica y 39 multinacionales
Desde la UE analizan si estos pactos conllevaron una «ventaja injusta» frente a la competencia, informó este lunes el Ejecutivo comunitario
La Comisión Europea ha iniciado una investigación en profundidad sobre los acuerdos entre la Administración belga y 39 multinacionales, incluidas Kinepolis o Anheuser-Busch Inbev , para ver si conllevaron una "ventaja injusta" frente a la competencia, informó este lunes el Ejecutivo comunitario.
Bruselas ha abierto "investigaciones separadas" en relación con los acuerdos entre empresas y autoridades fiscales, después de que el Tribunal General de la UE señalara este año que la compatibilidad de estos acuerdos con las reglas europeas sobre ayudas de Estado debería ser evaluada de manera "individual", precisó la Comisión en un comunicado.
A la vez, el Ejecutivo comunitario se ha dirigido al Tribunal de Justicia de la UE para "tener más claridad sobre la existencia de un esquema de ayuda" , según se indica en un comunicado.
Las investigaciones en profundidad se refieren a las prácticas que la autoridades de Bélgica y 39 empresas que tienen en su mayoría sus sedes en la UE llevaron a cabo entre 2005 y 2014.
Las reglas belgas sobre fiscalidad exigen que las empresas sean tasadas en función del beneficio registrado por sus actividades en Bélgica.
La opinión preliminar de Bruselas es que, al descontar el exceso de beneficio de la base impositiva de los beneficiarios, los acuerdos en cuestión no aplicaron correctamente las normas belgas de fiscalidad.
De esa manera, pueden haber concedido una "ventaja selectiva" a las 39 multinacionales , permitiéndoles pagar "sustancialmente menos impuestos".
Otras de las empresas que la CE investigará incluyen a Basf Antwerpen, Eval Europe, The Heating Company BVBA, British American Tobacco Coordination Center, Omega Pharma International o Pfizer Animal Health . Los llamados "tax rulings" son una práctica frecuente en casi todos los estados miembros de la UE.
La polémica radica en las prácticas que, amparadas por un acuerdo entre la Administración y el contribuyente, buscan en última instancia una clara elusión fiscal.
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