La CNMC y la Xunta se alían para introducir más competencia en los carburantes

Galicia es la región con los precios más elevados y sus ayuntamientos se resisten a que haya más gasolineras

El consejero Francisco Conde y José María Marín, en el acto de la firma EFE

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El presidente de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), José María Marín Quemada, y el consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, han firmado un protocolo de actuación para mejorar la competencia en el mercado de los carburantes en esta comunidad autónoma, donde habitualmente se registran los precios más elevados.

En el último informe de la CNMC de junio, Orense tenía los precios más altos del gasóleo (1,275 euros el litro frente al 1,240 de la media estatal). En el caso de la gasolina, La Coruña fue la segunda provincia peninsular con los precios más altos en la gasolina 95 (1,362 euros el litro frente a los 1,335 de media estatal).

La CNMC subraya que estos precios reflejan que «en Galicia existen problemas relacionados con la falta de competencia, y que tienen mucho que ver con las pocas gasolineras que hay en la región . En ocasiones, esta situación la generan los propios ayuntamientos, que impiden la apertura de estaciones de servicio a través de sus normas de urbanismo, o los propios trámites exigidos por las administraciones gallegas y que ralentizan la obtención de permisos».

Por todo ello, la CNMC y la Xunta llevarán a cabo diversas actuaciones para mejorar la competencia en las estaciones de servicio de Galicia. Así, elaborarán una guía de buenas prácticas para la apertura de estaciones de servicio, de forma que los ayuntamientos no restrinjan de forma injustificada la apertura de nuevas estaciones de servicio.

También se revisarán los procedimientos autonómicos para detectar y eliminar restricciones que dificulten o retrasen injustificadamente estas aperturas.

Asimismo, la CNMC y la Comisión Gallega de la Competencia vigilarán las prácticas empresariales en este mercado para detectar posibles incumplimientos de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en cuyo caso abrirán los correspondientes expedientes sancionadores, según corresponda al ámbito nacional o autonómico en que se produzcan.

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