La CEOE acusa a Montoro de cuadrar las cuentas a costa de las empresas

Asegura que las «medidas fiscales de urgencia» son «incompatibles con la mínima seguridad jurídica» exigible a cualquier inversor

El presidente de la CEOE, Juan Rosell EFE
Susana Alcelay

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Las previsiones de ingresos tributarios realizados por el Ministerio de Hacienda se han venido incumpliendo desde 2008 con la sola excepción de 2010. Es el reproche que la CEOE hace al titular del departamento, Cristóbal Montoro, al que recrimina que sean siempre las empresas las que pagan las consecuencias de los sucesivos desvíos presupuestarios.

En el informe « Recaudación tributaria y tributación empresarial » al que ha tenido acceso ABC, la patronal explica que «al no cumplirse el presupuesto de ingresos se acude a la adopción de medidas fiscales de urgencia, y modificaciones normativas, muchas veces con carácter retroactivo». Dice la CEOE que la mayoría afecta al impuesto de Sociedades, tributo que ha sufrido más de 60 modificaciones en diez años, de los cuales 35 se han producido desde 2012 a 2016. Pese a que una de estas modificaciones ha sido la rebaja del tipo del 30% al 25% entre 2015 y 2016, el resto de cambios han consistido en su mayor parte en mayores impuestos y menores deducciones.

La organización que preside Juan Rosell recuerda que desde la reforma de 2014 con la redacción de una nueva ley del Impuesto de Sociedades se han producido 12 modificaciones. «La continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria -afirman- es incompatible con la mínima seguridad jurídica exigible a cualquier inversor, nacional o extranjero».

En el informe, la organización empresarial asegura que España no tiene problema de ingresos tributarios y que la recaudación para 2016 ha sido la segunda más alta de toda nuestra historia, superior en 6.869 millones a la de 2006, año en el que no existía desequilibrio presupuestario, y solo por debajo de la de 2007 que, dice, fue un año excepcional en cuanto a recaudación. Explica que la cifra prevista para 2017 se sitúa prácticamente en los niveles de 2007, en unos 1.800 millones de euros menos.

«Elevar el impuesto sobre Sociedades sin reducir otros tributos, como las cotizaciones a cargo del empleador, supone que nuestras empresas pierdan competitividad , retrae la inversión nacional y extranjera y reduce a medio plazo la recaudación», señala el informe. Por ello, la patronal pide que los «incrementos de recaudación» vengan por el alza de las bases imponibles (los beneficios empresariales) y por subir la presión fiscal».

La CEOE asegura que la recaudación de los principales impuestos, con excepción de Sociedades, ha superado los niveles anteriores al inicio de la crisis marcando máximos históricos . Y hace hincapié en que la «lenta recuperación» de Sociedades respecto a 2007 se debe, por un lado, a la bajada del tipo de gravamen (en 2007 fue de un 35% y actualmente es de un 25) y a la caída de los beneficios.

Explica, por ejemplo, que la recaudación del IRPF prevista para este año será de 76.932 millones , lo que supone 4.318 millones de euros más que la recaudación de 2007, que fue de 72.614 millones y que fue superada en 2014.

Por ejemplo, en 2016 el Gobierno, según CEOE, infló los ingresos en 7.271 millones de euros . Ese año, España en principio apalabró un objetivo de déficit del 3,1% pero, al incumplir la meta de 2015, renegoció un nuevo compromiso del 4,5%. Pese a ello, en la parte final del año, el Ejecutivo tuvo que endurecer el impuesto de Sociedades para así poder cumplir este objetivo: de no haberlo hecho, el desvío hubiera sido mayor a los 7.271 millones y el Gobierno hubiera vuelto a incumplir el déficit, en un año en el que España casi recibió una sanción de la Comisión Europea por el incumplimiento de 2015.

Si el Ejecutivo evitó este escenario entonces fue porque elevó las retenciones de Sociedades para las grandes empresas: los llamados anticipos del tributo. Las grandes empresas anticipan sus pagos de Sociedades a Hacienda en tres meses: abril, octubre y diciembre. En 2016 el Gobierno aceleró la tramitación de un decreto de última hora -incluso se llegó a publicar de urgencia en la sesión vespertina del BOE el 30 de septiembre- para que así la subida del tipo entrara en vigor en el plazo de octubre, que comenzaba unas horas más tarde.

Anticipos del impuesto

Precisamente, esta medida de que las grandes empresas adelantaran una parte del impuesto la aprobó el Gobierno en 2012 ante la situación de crisis. Entonces las compañías que facturaban más de 20 millones debían de hacer frente a un tipo mínimo del 12% en sus anticipos que, a un año vista, liquidaban con Hacienda en la declaración de julio. La reforma fiscal acabó con esta medida que era temporal para 2016 pero, ante el desplome de los ingresos, Hacienda tuvo que volver a recuperarla con mayor dureza: con un tipo del 23% y para las empresas que facturen más de 10 millones. El Ministerio logró así aumentar la recaudación de Sociedades en unos 3.000 millones y finalmente se cumplió el objetivo: el déficit acabó en el 4,3% frente al 4,5% pactado.

Esta medida no fue la única subida que enfrentaron las compañías el año pasado. En diciembre de 2016, el Ministerio también limitó las bases imponibles negativas de ejercicios pasados ya para 2016 y acotó deducciones por doble imposición y por deterioros en participaciones que se aplicaban antes de 2013. La patronal llegó a amenazar a Montoro con recurrir esta subida retroactiva de impuestos ya que «podría ser motivo de inconstitucionalidad». Para este año la CEOE prevé que los ingresos estén en 2.054 millones por debajo de lo presupuestado, el más bajo desde 2012.

Ante estos precedentes, fuentes de la patronal, al observar la inminencia del fin de año, temen un nuevo endurecimiento del tributo para 2018 a través de figuras medioambientales o del propio impuesto de Sociedades. Estas fuentes recuerdan el caso de otros países como Estados Unidos y Reino Unido en los que las últimas reformas fiscales están orientadas a bajar el tipo de Sociedades . Precisamente, Montoro envió una carta junto a sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para advertirle del efecto que pueda tener su rebaja de impuestos. Teme una guerra fiscal internacional con las multinacionales en el punto de mira.

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