Cataluña recibió casi 20.000 millones del Estado para obra pública desde 2001

Antes de que Mariano Rajoy presentara su plan de inversiones en infraestructuras en Cataluña por 4.200 millones de euros durante esta legislatura, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, cifró en 10.000 millones de euros la deuda del Estado con la comunidad autónoma en materia de obra pública. Esta es una reclamación habitual de los partidos soberanistas que, incluso, se amplifica hasta caer en los excesos fácilmente refutables, como en el caso de las declaraciones de Artur Mas en 2013, cuando aseguró que «pese a ser la comunidad que más contribuye al PIB español, (Cataluña) es la que tiene menos dotación de infraestructura pública».

Más allá de los compromisos asignados en los presupuestos, que nunca se cumplen al pie de la letra, basta con observar los datos de licitación de obra pública –es decir, la inversión contratada, no la comprometida– para comprobar que se trata de una comunidad autónoma que, como resulta lógico por su población y su peso sobre el PIB nacional, se encuentra en los primeros puestos del «ranking» de inversión, tanto si se tienen en cuenta las dotaciones de las diferentes administraciones como si solo se computa el desembolso efectuado por el Estado.

Según los datos de licitación de obra pública facilitados por la patronal de las principales constructoras españolas, Seopan, Cataluña ha sido durante los últimos 15 años la segunda comunidad autónoma que acumula una mayor inversión por parte del Estado, con cerca de 20.000 millones de euros (19.204,5 millones, según los cálculos realizados por este diario). Únicamente, le supera Andalucía, con 22.807,2 millones.

Obras de gran envergadura

Durante estos años se han acometido obras de gran envergadura, que han aumentado la factura en infraestructuras, como la conexión ferroviaria de alta velocidad entreMadrid, Barcelona y Figueras y diversos tramos del Corredor Mediterráneo, entre las más representativas.

Si se analizan los datos globales se observa un paralelismo claro entre el desarrollo de la red ferroviaria de AVE y las zonas en las que más ha crecido el importe de las licitaciones de obra:a Andalucía y Cataluña le siguen Castilla y León (con 16.031,5 millones), Galicia (14.387,7 millones) y la Comunidad Valenciana (12.974,9 millones). Hay que descender hasta el sexto puesto para encontrar a la Comunidad de Madrid, que acumula 11.160,4 millones en licitaciones por parte de la Administración central.

En comparación con el resto de regiones, Cataluña aglutina más de un 13% de la inversión total de las 17 comunidades autónomas. Excluyendo Ceuta y Melilla (para las que la patronal no ofrece datos por separado hasta 2005 y, por tanto, se han excluido del cálculo antes de esa fecha), las licitaciones de obra pública atribuidas a la Administración central en Cataluña sumaron más que las de País Vasco, Canarias, Murcia, Cantabria, Baleares, La Rioja, Navarra juntas desde esos últimos 15 años (12.441 millones de euros, en total).

País Vasco y Navarra

Es importante señalar que País Vasco y Navarra compensan el menor nivel de inversiones estatales gracias al régimen foral. Si se computan todas las fuentes de inversiones en obra pública –Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos– y se tienen en cuenta las inversiones efectuadas desde el año 2010, Cataluña se sitúa en primer lugar con cerca de 13.000 millones de euros (12.952,7 millones). Durante este mismo periodo, le siguen Andalucía y la Comunidad de Madrid, con 11.556,4 y 9.258 millones de euros, respectivamente.

Esta tendencia se ha mantenido durante el último año contabilizado, 2016, en el que se alcanzó un nuevo mínimo histórico en cuanto a contratación de obras:Cataluña se situó en segundo lugar tanto en inversión total como en estatal, en el primer caso por detrás de Madrid al contabilizar 1.429 millones, mientras que en la dotación de la Administración central (390,3 millones) únicamente fue superada por Galicia, con 512,6 millones de euros.

El pulso inversor en Cataluña, de hecho, se mantiene en buena medida gracias a las aportaciones de la Administración central. Durante el conjunto del año pasado, las licitaciones del Estado (390,3 millones) en la comunidad autónoma superaron en un 9,9% a las efectuadas por el Gobierno de Carles Puigdemont (351,7 millones). Esta relación se produce de modo inverso en otras comunidades como, por ejemplo, Madrid, que ha logrado alzarse a la primera posición en inversión total gracias a que el Ejecutivo autonómico ha inyectado más del doble (740,1 millones) que el Estado (292,4 millones).

En este sentido, el informe «Las inversiones en infraestructuras en Cataluña» redactado por la organización Convivencia Cívica Catalana pone el acento en que el desembolso de la Administración central ha superado ampliamente al del Ejecutivo catalán. En este sentido, argumenta que de 2011 a 2015 el «gobierno autonómico catalán ha invertido en obra pública solo 208 euros por habitante, un 32% menos que los 304 euros por habitante invertidos de media por el resto de gobiernos autonómicos españoles» y que durante este mismo periodo el Estado ha invertido en Cataluña un 41% más que el Govern.