BBVA y Fedea piden al próximo gobierno subir el IVA, contener el gasto y reformas estructurales

En plena presentación de programas políticos sobre la proyección del gasto público y de los ingresos en los próximos años, la senda para la consolidación fiscal está en el centro del debate. La duda es cuál debe ser el ritmo para alcanzar el equilibrio presupuestario. Frente a los defensores de los recortes y los de aumentar el gasto, el servicio de estudios de BBVA y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han elaborado un documento en el que optan por una tercera vía que defiende aumentar los ingresos a través de subidas de IVA y copagos, contener el gasto público y apostar por reformas estructurales.

El informe, elaborado por Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA; Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el profesor Javier Andrés, de la Universidad de Valencia, apunta que en el Programa de Estabilidad trazado por el Ejecutivo de Rajoy los ingresos públicos proyectados serán «insuficientes» para alcanzar el déficit previsto del -0,3% en 2018.

El documento, llamado «Notas para una política fiscal en la salida de la crisis», que se presentará este lunes, recomienda para ello subir el IVA a numerosos bienes mediante una reclasificación de los productos que ahora pagan un tipo reducido (11%) y superreducido (4%), que pasarían a pagar más impuestos, así como elevar los tributos medioambientales. Además propone aumentar el uso de copago en Sanidad, universidades, infraestructuras y transporte. «También sería aconsejable ensanchar las bases imponibles del IRPF y Sociedades, quizás eliminando el sistema de módulos», añade el informe.

Ante las propuestas de subidas de gasto público, el documento recuerda que el desembolso de las administraciones se encuentra en el nivel de 2006-2007. «Los datos por tanto no respaldan la percepción de quiénes consideran que desde 2009 se ha producido un enorme recorte del gasto que está comprometiendo gravemente los servicios públicos esenciales», resalta el informe.

El gasto publico creció un 6,85% en la primera parte de la crisis, entre 2007 y 2009. El ajuste de los últimos años se centró en corregir la expansión fiscal emprendida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para situarlo en niveles precrisis: entre 2009 y 2014 el gasto se redujo un 1,41%.

«Entre 2007 y 2014, la renta per cápita ha caído un 8,8% mientras que el gasto per capita en Educacion y Sanidad ha subido unos dos puntos. ¿De qué ajuste fiscal estamos hablando? Hay que poner en valor que este país ha hecho un tremendo esfuerzo por mantener el Estado del Bienestar», analiza Rafael Doménech.

Cada vez más gasto en pensiones

El envejecimiento de la población, será la principal partida que aumente los próximos años, lo que actúa de corsé para cualquier política fiscal expansiva. «La fuerte presión al alza del gasto en pensiones limita de forma muy considerable el margen existente a corto plazo para la reducción del peso del gasto público en el PIB durante los próximos años», recoge el documento.

De hecho, para alcanzar la reducción del déficit prevista por el Programa de Estabilidad en dos años el gasto en pensiones debería adelgazar un 5% anual hasta 2018, cuando el mismo programa prevé un alza de esta partida del 3%. Es por ello, que frente a la reducción del 6,3% del gasto entre 2014 y 2018 que prevé la hoja de ruta del Gobierno de Rajoy, el informe cree que la rebaja alcanzable es menor, del 2,97% del PIB.

Por cada tres puntos de paro, dos de déficit

Junto a la mejora de la recaudación ligada al ciclo del impuesto de Sociedades y de los tributos ligados a la vivienda aportarían un 1,3% de PIB de reducción adicional del déficit público hasta llegar al 4,24% menos. Aún así quedaría un punto y medio más de PIB de desviación fiscal, que el documento propone bajar mediante un aumento de la recaudación tributaria «lo menos distorsionador posible» y reformas estructurales que permitan acelerar la reducción del paro y el crecimiento. De hecho, el informe calcula que por cada tres puntos de reducción del desempleo, el déficit público se reduce en dos puntos.