Las autonomías se librarán de pagar hasta 5.000 millones a los hipotecados
La banca española ha abonado ya más de 7.700 millones en otros litigios con clientes
La rectificación del Tribunal Supremo tiene dos claros ganadores: el Estado y la banca. Si el AltoTribunal hubiera determinado que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) no corresponde pagarlo al cliente, sino a las entidades y además con carácter retroactivo de cuatro años, las autonomías hubieran tenido que desembolsar hasta 5.000 millones de euros para devolver el tributo pagado por los hipotecados desde 2014, aunque las cantidades se hubieran reclamado con posterioridad a los bancos, según aseguró ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un Foro Cinco Días.
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La ministra avanzó que, llegado ese caso, el Gobierno hubiera pedido comprensión a Bruselas para evitar un impacto directo en el déficit. Y es que, antes de dirigirse a la banca para que cubriera el monto, esos 5.000 millones habrían elevado temporalmente el déficit en cuatro o cinco décimas , equivalente al ajuste fiscal estructural que el Ejecutivo se ha comprometido a hacer en 2019, y complicado la salida de España del procedimiento de déficit excesivo.
Oleada de pleitos
Esta decisión supone un alivio para un sector enfangado en litigios. La crisis afloró malas prácticas comerciales que han supuesto un mazazo a la reputación de la banca , pero también una abultada factura para las entidades del país. La venta de productos complejos como las participaciones preferentes y las cláusulas abusivas en contratos como los hipotecarios han desencadenado una oleada de pleitos y reclamaciones de los consumidores contra sus bancos. Estos litigios ya han obligado a bancos y cajas a devolver a sus clientes e inversores 7.731 millones de euros en los últimos años.
En febrero de 2017, después de que el Tribunal de Justicia de la UE enmendase al Supremo y obligase a la banca española a devolver todo lo cobrado de más por cláusulas suelo abusivas, el Gobierno estableció un mecanismo extrajudicial para que aquellos clientes con cláusulas opacas en su préstamo reclamaen su dinero a su banco. A cierre del pasado marzo, las entidades habían devuelto solo por este cauce 2.226 millones en cláusulas suelo opacas.
Los litigios hipotecarios para la banca parecen, en todo caso, lejos de haber finalizado. Los consumidores siguen pleiteando y reclamando por cuestiones como por ejemplo las hipotecas multidivisa, en las que hay en juego 1.200 millones, y el IRPH.
Proceso de arbitraje
El caso de venta irregular de productos que más escándalo generó fue el de la comercialización de preferentes y deuda subordinada por gran parte de las antiguas cajas de ahorros. La presión social fue tal que el Gobierno fijó en 2013 un sistema de arbitraje para atender a los clientes solo de Bankia, Novacaixagalicia y Catalunya Banc , las entidades nacionalizadas. Según datos de la comisión de seguimiento de ese proceso, por esta vía más la judicial estas tres entidades han devuelto 3.641 millones.
El otro gran proceso y que también terminó en un mecanismo de reclamación extrajudicial fue la salida a Bolsa de Bankia en 2011 . La entidad decidió en febrero de 2016 iniciar un proceso para devolver a los inversores minoristas que lo reclamasen el dinero que perdieron en la ops, más un interés del 1%. A junio pasado, el banco había devuelto 1.864 millones y daba prácticamente por cerrado el procedimiento.
De esa cifra, 1.104 millones corrieron a cargo de la matriz del banco, BFA , propiedad 100% del FROB, esto es, del Estado. Lo cierto es que los litigios de la banca, especialmente los de las cajas, no han tenido un efecto inocuo para la Administración pública. Además, el FROB concedió garantías a los bancos que absorbieron cajas rescatadas que les cubren determinadas contingencias; por ello ya ha pagado 979 millones, buena parte por litigios por malas prácticas comerciales.
