El Santander asume la responsabilidad penal del Popular en la causa por la caída del banco

La Audiencia Nacional ha imputado a Banco Santander en la causa en la que se investiga la gestión y quiebra del Popular y por la que ya habían sido imputados los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho y otra treintena de exconsejeros y exdirectivos . El juez instructor considera que tras la resolución del Popular en junio de 2017 y su absorción societaria por el grupo presidido por Ana Botín, este último heredó la responsabilidad penal del que fuera sexto banco del país, aunque no tuviese nada que ver en su gestión.

Algo más de un año después de la intervención y venta exprés del Popular , el Santander completó en septiembre de 2018 la integración jurídica del Popular, de forma que desde un punto de vista societario el Popular dejó de existir . En este sentido, el juzgado ha emitido un breve auto en el que acuerda dirigir el procedimiento contra el Santander como sucesor del Popular, justificando que con esa fusión absorbió «en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Banco Popular Español», incluida su responsabilidad penal. El Código Penal fija que «la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, que fusionada o absorbida».

La Audiencia Nacional admitió en octubre de 2017 tres querellas por la ampliación de capital del Popular de 2016 y su posterior quiebra dirigidas contra la propia entidad financiera como persona jurídica —responsabilidad que ahora asume el Santander—, los expresidentes Ron y Saracho y varios miembros de su antiguo consejo de administración por delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

La investigación se centra, en primer lugar, en si la vieja cúpula del Popular, encabezada por Ron, ocultó la situación financiera real del banco durante la ampliación de capital por 2.505 millones de euros que hizo para sanearse en mayo de 2016, año en que el banco acabó perdiendo más de 3.500 millones de euros. Además, el magistrado hará pesquisas para esclarecer si antiguos accionistas como el mexicano Antonio del Valle orquestaron una campaña de desprestigio contra el banco para tumbar su cotización en Bolsa .

El Santander recurrirá esta decisión judicial con el argumento de que pese a ser el nuevo propietario de la entidad no puede ser responsable de la gestión que hicieron de ella sus antiguos dueños y gestores. En este sentido, los precedentes son favorables para los intereses de la entidad cántabra: el Sabadell, por ejemplo, fue exonerado de cualquier responsabilidad penal por la quiebra de la CAM, entidad qeu absorbió.