La fuga de depósitos obligó en 2017 a resolver el Popular
La fuga de depósitos obligó en 2017 a resolver el Popular - REUTERS

Los accionistas mexicanos del Popular reclaman a España 470 millones por la resolución del banco

El exconsejero Antonio del Valle y sus socios amenazan con un arbitraje internacional y demandan al Santander para acceder a información confidencial

MADRIDActualizado:

Ofensiva judicial del grupo de antiguos accionistas mexicanos del Popular para tratar de recuperar el dinero que perdieron con la resolución de la entidad. Antonio del Valle y otros compatriotas suyos que llegaron a controlar más de un 4% del banco reclaman a España 470 millones de euros de su inversión a través de un arbitraje internacional y han demandado al Santander, nuevo propietario del que fuera sexto banco del país, con el objetivo de acceder a información relevante sobre la intervención del Popular.

Estos inversores ya habían presentado junto a otros accionistas un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europera (TJUE) reclamando que se anulase la decisión de resolución del Popular tomada por la Junta Única de Resolución (JUR), autoridad dependiente del Banco Central Europeo (BCE), en junio del año pasado, cuando se consideró que la entidad era inviable ante la grave crisis de liquidez que sufría.

Del Valle fue consejero del Popular hasta su intervención y se le atribuye estar detrás de la destitución de Ángel Ron como presidente del banco a finales de 2016 con el objetivo de propiciar su fusión con otra entidad, lo que derivó en una crisis interna que contribuyó a desestabilizar la entidad en Bolsa. Este inversor no solo no puede demandar al Popular porque él mismo formaba parte del consejo, sino que además está imputado en la instrucción de la Audiencia Nacional de la ampliación de capital del banco en mayo de 2016.

El empresario mexicano, que entró en el capital del Popular en 2015 con una inversión de 450 millones de euros, considera que sus acciones fueron expropiadas y acusa a las autoridades españolas básicamente de orquestar la caída de la entidad. Estos antiguos accionistas que la decisión de resolver el Popular y venderlo al Santander viola el Tratado de Protección de Inversiones recíproco entre España y México, pues considera que «por acción u omisión» el Gobierno y el Banco de España causaron la destrucción del Popular y de sus inversiones.

En concreto, acusan al Ejecutivo de retirar depósitos del Popular, agravando la crisis de liquidez del banco, y de asegurar públicamente que no se le iban a inyectar ayudas públicas. Al organismo supervisor le acusa de no prestarle todas la liquidez de emergencia necesaria. Es más, dicen que las autoridades no entregaron información suficiente a posibles compradores para pujar por el Popular, sino que el Santander pudo prepararse con antelación para absorber la entidad.

En este sentudo, estos demandantes han presentado también un recurso ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York en el que reclaman al Santander una serie de información por ahora secreta y que consideran clave sobre la intervención del Popular. Esos documentos incluirían distintas valoraciones de la entidad hechas en sus últimos seis meses de vida y comunicaciones entre autoridades y el Santander, entre otras.