La Audiencia Provincial evita que una parte del caso Rato se venga abajo

La Audiencia Provincial ha evitado que una parte importante del caso Rato se venga abajo. El tribunal ha avalado el registro que realizaron los agentes de aduana en la sede de la sociedad Kradonara 2001 SL, la empresa clave del supuesto esquema criminal del exministro. Esta sociedad, creada en Cádiz por Domingo Plazas, socio de Rato, canalizó los flujos de dinero internacional y recibió cantidades que no tributó.

En un auto, los magistrados de la sección veintitrés de este tribunal revocan la decisión del juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, quien anuló el registro de esta empresa, con sede en la localidad gaditana de Sotogrande, al considerar que los agentes no contaban con el permiso necesario. La nulidad fue solicitada por la defensa de Plazas y Rato se adhirió a la petición.

El conflicto existió por un malentendido entre el domicilio fiscal y social de la empresa. Kradonara, una sociedad creada en Cádiz en 2001, cambió su domicilio social a la calle madrileña de Castelló en diciembre de 2014, una modificación que no precisaron la Fiscalía y la Oficina Antifraude a la hora de solicitar el registro al juez de guardia. Plaza y Rato consideran, por ello, que "no se contó con la resolución judicial habilitante" necesaria para el registro.

El tribunal argumenta, sin embargo, que esta "dualidad" no significa que se haya incumplido la obligación de concretar el domicilio que registrar. No era en ningún caso un domicilio ajeno a la sociedad Kradonara, dado que el domicilio fiscal "era el que localizaba a la empresa como obligada tributaria y a efectos de control fiscal". La Audiencia estima así el recurso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Además, los magistrados rechazan la petición de Plazas de que se invalidara el registro realizado en su despacho de la calle Serrano de Madrid, así como la devolución de la documentación incautada en dicha sede. Por este proceso, que investiga los manejos que realizó Rato con su fortuna, están imputadas nueve personas por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y contra la Hacienda Pública.