El intolerable desamparo del campo español

Pilar Martínez
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La doble decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de paralizar cautelarmente la caza en la comunidad autónoma ha disparado todas las alarmas. Y con razón; una suspensión de este calibre se antoja desmedida, máxime atendiendo a los argumentos esgrimidos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre la existencia de “periculum in mora” o “riesgo de la pérdida de la finalidad legítima del derecho” y “fuus boni iuris” o “apariencia de buen derecho”, junto con la no imposición de caución para la adopción de una medida tan gravosa para terceros.

Resulta verdaderamente inaudito que, derivando de tal medida un perjuicio económico cuantificable, tanto para la Administración pública (cobro de canon de la caza y otros ingresos derivados de la misma), como para los particulares titulares de los cotos (cacerías contratadas), como para los aficionados en general, no se haya impuesto caución a la parte actora que insta la cautelar como, por otro lado, establece la ley y resulta habitual. La demandada, Junta de Castilla León, cuantificaba el daño y pedía una caución de 11.000.000 de euros.

Lo más sorprendente es el tipo de argumentos en que basa el Auto la no imposición de esta caución cuando afirma, por un lado, que la actora defiende el interés de toda la sociedad y, por otro, que la situación económica de la actora no puede permitirse una caución. Es decir, para el tribunal, el interés más necesitado de protección es el de la conservación de la fauna silvestre, que no ha demostrado la actora, por encima incluso de los derechos ya consolidados de las personas titulares de derechos de caza, en el momento mismo en que va a iniciarse la campaña de caza mayor; y, por otro lado, la situación económica del Partido Animalista resulta de mayor relevancia para el tribunal que el interés económico de la población de la zona y de la Administración pública de la Junta de Castilla León.

En los últimos años hemos visto en España cómo se han multiplicado las normas proteccionistas y cómo se ha declarado protegida una buena parte del territorio español, hasta el punto de que España es el País de la Unión Europea que más aporta a Red Natura 2000. Paralelamente, hemos visto cómo los lobos, los jabalíes, los conejos y otros animales acaban convirtiéndose en una verdadera plaga y en un problema para quienes viven del campo, que a la vez se ven desamparados, puesto que no se les compensa por la aportación que se les exige, la entrega gratuita de su patrimonio privado, en beneficio del llamado interés público de la protección.

De tal manera, los propietarios y titulares de derechos ven absolutamente intervenida su propiedad, limitada y restringida su ya baja rentabilidad, cuando no eliminada; mientras comprueban que el sistema de pago de daños por animales salvajes es ineficaz y no proporcionado al perjuicio y al daño que causan los animales; a la vez que ven cómo se reparte dinero público y se protege el interés económico de movimientos ecologistas, a quien nadie pide cuentas ni examina si su razón de ser es la defensa de intereses sociales o, más bien, de intereses ideológicos y económicos propios o, simplemente, buscan la provocación.

Los tribunales, aún con clara excepción de algunas sentencias del Tribunal Supremo y de unos pocos jueces y tribunales, que se molestan en conocer verdaderamente la otra cara de la realidad, en su mayoría no han sido hasta ahora sensibles a un problema realmente serio y acuciante para el campo español, cual es la despoblación y el abandono; optando a menudo por las posturas más simplistas y acogidas popularmente de que todo lo que suene a protección ambiental, “eco”, “bio”, “natura”, “natural” es más beneficioso para la humanidad, aún sin constatar o comprobar la realidad y justificación de muchas de esas ideas que se defienden.

Así, parece no dársele importancia al hecho de que la actividad cinegética, controlada por cierto por una normativa específica, reglada y bastante exigente, constituye un medio de vida y sostén de una parte relevante de la zona rural española, que de ver prohibida esta actividad tendría una nueva causa para el abandono, mientras vemos cómo en otros países europeos se protege y fomenta la vida y la actividad en las zonas rurales.

Tampoco parece tenerse en cuenta que la caza es una actividad ancestral, que existe desde los orígenes de la humanidad y que contribuye, también, al equilibrio de la naturaleza, pues a nadie se le escapa que los animales también cazan y se alimentan de ello.

Solo desde un desconocimiento profundo de la realidad de España; desde la ignorancia de la contribución al equilibrio medioambiental y a la economía de la caza; de que el campo representa el 80% de la superficie del país, una cifra que suelen omitir quienes, desde las ciudades, miran por encima del hombro a esos pocos valientes que aún sostienen el sector primario y que, a costa de mucho sudor y lágrimas, también dejan en las arcas de las Administraciones miles de millones de euros; se puede comprender una decisión como la de la prohibición de la caza.

En este caso, la Junta de Castilla y León ha tenido una reacción encomiable, actuando con rapidez, y la oposición ha demostrado esa lealtad que se echa en falta frecuentemente. En próximas fechas dicen que verá la luz una proposición de ley, con la que salvaguardar la caza e impedir que en el futuro se vuelva a poner en jaque, no solo a quienes se dedican a la actividad cinegética, sino a todo un sector, el del campo y, por extensión, a toda una comunidad autónoma, de honda tradición rural.

Pero el daño, en no poca medida ya está hecho. Las cuantiosas pérdidas económicas –serán varias las semanas que han de trascurrir sin poder ejercer la caza- determinan la clara posibilidad de pedir responsabilidades patrimoniales, que pagaríamos todos y, además, queda el regusto amargo de constatar que el campo y quienes viven en él y por él, que no de él –concepción errónea, pues la relación es en todo caso de simbiosis, mutua y beneficiosa para ambas partes-, son los eternos paganos, los actores secundarios.

Pilar MartínezPilar Martínez