La Diputación de Zaragoza recurre la anulación del concurso y estudia otro de urgencia para la Feria del Pilar

La propietaria de la la Misericordia reconoce que su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón puede tardar meses en resolverse

Ginés Marín

Á. G. Abad

La celebración de la Feria del Pilar pende de un hilo. Tras conocerse la sentencia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que anula la adjudicación de la gestión de la plaza de toros de Zaragoza y todo el procedimiento de licitación, la Diputación Provincial anuncio que recurrirá el auto y que estudia convocar un concurso puente con carácter de urgencia únicamente para el ciclo pilarista.

Aunque desde la institución propietaria de la Misericordia se respeta la sentencia, "no la compartimos, nos parece inconcebible que una adjudicación de 44 festejos se anule porque uno, el del pasado 23 de abril no se puede dar en la fecha", señaló Martín Llanas, vicepresidente de la Diputación y diputado delegado de la plaza de toros.

La opción que estudia la corporación es un concurso puente abierto para salvar la Feria del Pilar, pues reconocen que el recurso que interpondrán ante el Tribunal Superior puede tardar meses en resolverse". Llanas reconoció que la gestión directa no se ha planteado, pero que pueden surgir otras opciones, ya que se están estudiando distintas alternativas.

Como ya ha informado ABC, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ha anulado la adjudicación de la gestión de la plaza de toros de Zaragoza a la UTE Tauroejea-Circuitos Taurinos, y todo el procedimiento de licitación promovido por la Diputación Provincial de Zaragoza, propietaria del coso de la Misericordia.

El Tribunal ha dado la razón a Fernando Polo, administrador de una de las cuatro empresas que concurrieron al concurso, al estimar su recurso del 9 de mayo basado en que el contrato conllevaba obligaciones imposibles de realizar. Además alegaba que el sorteo entre dos empresas que determinó la adjudicación no cumplió con los criterios de publicidad, transparencia y no arbitrariedad; solicitaba por ello la nulidad de la adjudicación, destacando la ausencia de solvencia técnica de la empresa que resultó ganadora del concurso.

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