Imagen de Calatrava a su llegada a los juzgados de Castellón
Imagen de Calatrava a su llegada a los juzgados de Castellón - EFE
TRIBUNALES

Calatrava se enfrenta a la cuarta investigación judicial por sus obras

El arquitecto declara este martes como imputado en el caso del Centro de Convenciones de Castellón

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El arquitecto valenciano Santiago Calatrava declara este martes en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón en la causa que investiga las supuestas irregularidades en los contratos del proyecto del Centro de Convenciones. Aunque la primera citación se produjo para el pasado 2 de septiembre, finalmente no acudió al no haber recibido la notificación oficial, según sus abogados.

El proyecto presentado por el arquitecto para la construcción del edificio triplicaba, de acuerdo con los escritos del juez, el presupuesto establecido en el contrato con la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Los 60 millones orientativos iniciales pasaban a 180, lo que suponía, a su vez, un aumento sustancial de sus honorarios, que se actualizarían en función del coste real de la obra.

Calatrava percibió finalmente 2,7 millones de euros –en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico–, equivalentes al 4,5% del presupuesto orientativo de licitación inicial, en un aparente inclumplimiento contractual por parte de la empresa del arquitecto.

La denuncia que ha acabado con estas imputaciones fue presentada por Esquerra Unida –ahora personada como acusación popular– en 2011, y en ella se acusaba a diversos organismos públicos de irregularidades en los acuerdos para la construcción del centro, cuya presentación de la maqueta se realizó en 2008, aunque su ejecución fue paralizada en diciembre de 2012, según justificó la Generalitat, a causa de la crisis.

Polémicas

El arquitecto se enfrenta así a su cuarta investigación judicial debido a las polémicas suscitadas con sus obras. Los ejemplos de procedimientos son variados: un juicio abierto por el sobrecoste del puente de la Constitución de Venecia; una indemnización de tres millones de euros por los fallos en el Palacio de Congresos de Oviedo; una demanda que interpuso (y ganó) al Ayuntamiento de Bilbao por añadir una pasarela al puente Zubi Zuri; o la imputación (posteriormente archivada) en el caso Palma Arena.

A ello se le suman diversos problemas más, como una demanda presentada por Bodegas Domecq debido a los problemas de la cubierta en una construcción; una reclamación desde Holanda por tres puentes; las protestas de los vecinos por el puente colgante de Jerusalén que acabaron en la Corte Suprema de Justicia; o las denuncias por la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

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