La jueza Alaya pierde la investigación sobre las facturas falsas de UGT

La Audiencia de Sevilla ha ordenado a la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos, que abandone la investigación sobre las facturas falsas de UGT en Andalucía. La decisión supone un triunfo de la Fiscalía Anticorrupción, que alegaba que no hay relación entre las dos causas, y una derrota de la magistrada, para quien ambas forman parte de una misma y supuesta trama de financiación irregular del sindicato.

En un auto con fecha del día 5, afectado por el secreto del sumario dictado sobre esta parte de la causa, la sección séptima de la Audiencia sevillana acepta en parte el recurso de la Fiscalía y entiende que las pesquisas sobre las facturas falsas y el desvío de fondos de cursos de formación no tiene relación con la investigación que Alaya lleva a cabo, en el marco del caso ERE, para esclarecer la llamada «trama de las sobrecomisiones» que percibieron mediadoras y sindicatos en la tramitación de las falsas prejubilaciones, con fondos de la Junta de Andalucía.

El auto de la Audiencia de Sevilla, que fue adelantado por la Cadena Ser, establece también que las distintas denuncias que presentó el colectivo Manos Limpias sean remitidas al juez decano, para su reparto entre otros juzgados.

De este modo, la Audiencia contradice el criterio establecido con anterioridad por el juez decano y establece que la competencia de la investigación sobre las facturas falsas de UGT corresponde al juez «predeterminado por Ley», que es el que primero recibió la denuncia.

Este fue el número 9, que llegó a incoar diligencias previas. No obstante, el titular de este juzgado planteó una cuestión de competencia y el juez decano decidió el pasado mes de octubre, que fuera Alaya quien se hiciera cargo de la denuncia, así como otras que habían sido presentadas sucesivamente por Manos Limpias, según iban apareciendo los escándalos de los maletines, la factura de la feria etc., y que fueron recayendo en distintos magistrados.

Así, fuentes consultadas creen que será el juzgado número 9 quien se vuelva a hacer caso de la investigación.

Incluso, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó en diciembre un auto por el que, de acuerdo con el fiscal, le remitía las denuncias presentadas por el colectivo Manos Limpias a escala nacional, contra el secretario general de UGT, Cándido Méndez, contra el tesorero del sindicato, Antonio Retamino, y diversas organizaciones del sindicato, por noticias relativas a la presunta financiación a través del Instituto para la Formación y Estudios sociales (IFES) y dos filiales. Ahora habrá de ver si recupera las causas, como ya se contemplaba en aquella decisión.

También estima el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que su decisión preserva la causa, pues en caso contrario podría dar lugar a nulidad.

Las denuncias por el presunto desvío de fondos de formación y facturas falsas han provocado una investigación administrativa por parte de la Junta de Andalucía, que reclama ya la devolución de ayudas por importe de 3,6 millones de euros, una cifra que se estima que puede llegar a ascender hasta 7,8 millones por no poder justificar el destino de los fondos percibidos. Además, causaron la dimisión del secretario general, Francisco Fernández Sevilla, y el nombramiento de Carmen Castilla en un comité extraordinario.

Ayer el sindicato dijo desconocer el auto y se limitó a expresar su respeto y acatamiento de las decisiones judiciales.