Valcárcel, en el limbo burocrático

La 'okupación' por parte de una decena de jóvenes del que iba ser el primer hotel de cinco estrellas de Cádiz es solo un capítulo más de un largo serial. La propiedad de este inmueble, joya del neoclásico civil español, está en el limbo. En estos momento, su titularidad está envuelta en una maraña administrativa, iniciada hace ocho años cuando la Diputación, dueña del edificio, lo cedió a la empresa Zaragoza Urbana para convertirlo en hotel de lujo. La empresa tiró la toalla hace un año y ahora hay que resolver aquella cesión administrativa. Este periódico contactó ayer con la empresa, pero se limitó a no hacer declaraciones sobre este espinoso asunto.

Este antiguo edificio, que fue hospicio, manicomio y colegio a lo largo de su historia es una moderna propiedad de la Diputación, que lo cedió en 2003 a la empresa privada Zaragoza Urbana S. A. para que construyera un alojamiento de lujo. Esta firma gestiona ahora cinco hoteles en Zaragoza y uno en Cádiz (el conocido Playa Victoria). Desde aquella cesión de uso hasta 2007, una lista de trámites burocráticos eternizó el proyecto. El primer escollo que hubo que superar fue el aumento de la edificabilidad para que el proyecto fuera rentable, para lo que el Ayuntamiento de Cádiz retocó su PGOU con el fin de que el proyecto saliera adelante. Después llegaron los trámites medioambientales de la Junta, que se resolvieron en 2007. En fin, que mientras el gigante de la burocracia se ponía en marcha, llegó la recesión económica y a Zaragoza Urbana, dueña de la cadena hotelera Palafox, se le atragantó el proyecto. El entonces vicepresidente de Diputación y encargado del asunto, Francisco Menacho, recibió la noticia de que el proyecto que llevaba negociando durante años se venía abajo. Al final, la presidencia de la empresa dio su no definitivo en octubre de 2010 y Diputación exigió que para rescindir el contrato la compañía debería arreglar, entre otras cosas, el deterioro que había sufrido el edificio desde 2003. Esto fue demasiado para la firma hotelera que había renunciado ya a recuperar el 10% de la inversión total (unos ocho millones de euros), además de los gastos de asesoramiento.

En este punto de la discusión estaban cuando el diputado Menacho fue reclamado por el presidente de la Junta como consejero de Gobernación . Y todo quedó pendiente de resolución en un pleno de Diputación previsto para marzo de este año que nunca se celebró como tal.