Todos los acusados de amañar las oposiciones a Policía Local en Puerto Serrano, a juicio

Todos los acusados por amañar presuntamente unas oposiciones de Policía Local en Puerto Serrano en 2012 tendrán finalmente que sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cádiz. La Sala Octava ha aceptado la tesis que defiende la Fiscalía Anticorrupción que apunta a que el alcalde de la localidad, Pedro Ruiz (IU) diseñó «un procedimiento teledirigido de oposición con el ánimo de beneficiar a su futuro yerno».

Además del regidor polichero, para el que la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación continuada, también se juzgará a otras diez personas, entre los que se encuentran el jefe de la Policía Local de Antequera y su también yerno; el entonces jefe de la Policía Local de Puerto Serrano, el subinspector de la Policía Local de La Puebla de Cazalla el jefe de la Policía Local de Osuna, así como varios agentes locales.

La Fiscalía los acusa, en su mayoría, de cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y de un delito de prevaricación, pidiendo la inhabilitación para cargo público por un periodo de tiempo que oscila entre los siete y los diez años.

Los hechos se remontan a hace tres años, cuando 344 opositores se examinaron en una convocatoria en la que se ofertaban tres plazas de agentes. Las vacantes fueron finalmente ocupadas por el entonces novio de una de las hijas del exalcalde polichero, el yerno del jefe de la Policía Local de Antequera, Enrique Ruz, y un hermano de un policía de Puerto Serrano. Para el fiscal sólo el último consiguió su plaza de manera legal.

En su escrito de acusación al que ha tenido acceso LA VOZ, el fiscal considera que el exregidor «prevaliéndose de la posición que ostentaba en calidad de alcalde, con el ánimo de beneficiar a su futuro yerno, diseñó un procedimiento teledirigido» de oposición a la Policía Local, para que «una de las tres plazas que iban a salir fuese de antemano para R.G. V. y otra para D. G. G., a su vez yerno de Enrique Ruz». Quería un tribunal «de plena confianza»

Con este objetivo, continúa la Fiscalía Anticorrupción, encomendó al también acusado, Miguel Ángel Cintado, entonces jefe de la Policía local de Puerto Serrano, que realizase la propuesta de composición del tribunal de personas «de su plena confianza que le permitiesen seguir sus propósitos de que al menos su yerno fuese uno de los aprobados con independencia de sus méritos y capacidad».

De esta manera, el 15 de septiembre de 2011 se dictó la resolución del alcalde por la que se convocó la provisión como funcionario de carrera de tres plazas vacantes en la plantilla de la Policía Local del municipio polichero. Así por un decreto fechado el 19 de septiembre del mismo año se aprobaron las bases para optar a dichas plazas.

El presidente del tribunal designado fue el subinspector de Policía Local de Puebla de Cazalla. Entre los vocales, el jefe de la Policía Local de Osuna y tres agentes más procedentes de Puente Genil, Arriate y Antequera. El secretario del cuestionado tribunal era el propio secretario del Ayuntamiento, también acusado. Todos sabían «de antemano» que dos de las tres plazas serían para los interesados. Según el escrito de acusación, tanto los miembros del Tribunal «sabían de antemano» que dos de las tres plazas serían para los interesados, «por lo que hicieron todo lo posible» para lograr los propósitos del exalcalde y el jefe de Policía malagueño.

Como consta en la denuncia que presentaron el resto de opositores fue durante las pruebas físicas cuando advirtieron «extrañas maniobras». Como cuando el yerno del jefe de la Policía Local de Antequera no logró superar ninguno de los dos intentos que tuvo en salto vertical. Este fallo no le impidió seguir en la oposición a pesar de que esta prueba era eliminatoria.

Le repitieron una prueba

Días después, añade el fiscal, un miembro del tribunal, mandado por el suegro del aspirante, advirtió de que la prueba había que repetirla puesto que el aparato de medición no funcionaba. Casualmente dicho aparato había estado en el domicilio de esa persona durante varios días. De esta manera, se volvió a hacer la prueba para los que habían suspendido. Sin embargo, no se avisó de ello al resto de opositores que nunca pudieron presenciarla.

«Si irregularidades hubo en las pruebas físicas, más llamativas fueron las pruebas del tipo test», considera el Ministerio Fiscal. En el examen tipo test R.G. V. no logró aprobar pero, su 4,7 no fue impedimento para que finalmente fuera apto ya que el tribunal decidió subirle tres décimas la nota a todos los opositores. Volvieron a hacer una prueba de salto que uno de ellos no había superado. Al otro le subieron la nota en un test

Además, nunca figuró la nota que sacaron los dos yernos en el caso práctico ya que «únicamente se hizo constar en el acta el resultado de ambas pruebas», la teórica y la práctica. Incluso, según el Ministerio Público, en el examen de uno de ellos no aparece su firma por lo que «no puede acreditarse que fuera él quien lo realizó, debido nuevamente ser excluido». Pero todas estas circunstancias no fueron obstáculo para que en febrero de 2012 ambos fueran considerados aptos «por unanimidad» por el tribunal.

Para los dos agentes beneficiados, el fiscal solicita que les retiren la condición de funcionarios, sean expulsados del Cuerpo y no puedan acceder a un empleo público durante cuatro años.

Por su parte, para el entonces jefe de Policía de Puerto Serrano pide siete años de inhabilitación y para el exalcalde Pedro Ruiz, doce años de inhabilitación, que se sumaría a su larga lista ya de causas pendientes con la Justicia.