Junta de Andalucía

La provincia de Cádiz gana fuerza en el Gobierno de la Junta

Sanz, actual presidente del PP en la provincia, tendrá que dejar dicho cargo. Su sucesor podría ser José Ortiz, aunque la decisión no está todavía tomada

Cádiz Actualizado: Guardar
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Antonio Sanz, actual presidente del PP en la provincia de Cádiz se ha convertido en uno de los hombres fuertes del Gobierno andaluz. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el transcurso del Consejo de Gobierno que se celebró ayer sábado en Antequera. Moreno hizo oficial su nombramiento como viceconsejero de Presidencia, por lo que se convierte en la mano derecha de Elías Bendodo, que a la vez es el hombre en el que el líder andaluz ha depositado toda su confianza como consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía.

El ascenso a Sanz en el Ejecutivo andaluz supone el aumento de la cuota gaditana en la Junta de Andalucía, que hasta ahora solo estaba representada por Juan Marín, el líder de Ciudadanos en Andalucía y que asumía hace unos días la Vicepresidencia en la que están integradas las competencias de Regeneración Democrática, Turismo, Justicia, Políticas Migratorias y Violencia de Género.

Al margen del nombramiento de Sanz, el Consejo de Gobierno andaluz conformado por PP-A y Ciudadanos (Cs) aprobaba ayer, en su primera reunión formal celebrada en Antequera (Málaga) bajo la presidencia de Juanma Moreno, a sus otros diez viceconsejeros, entre los que destaca la presencia de políticos con experiencia parlamentaria a lo largo de su trayectoria, como Jaime Raynaud, Ana María Corredera y Catalina García por las filas ‘populares’, o de Marta Escrivá por parte de la formación naranja.

Tras informar de los nombramientos en rueda de prensa, el propio Moreno expresó la «firme vocación» del nuevo Ejecutivo para «reducir al máximo el número de políticos en la administración» y explicó la nueva secretaria general para la Administración Pública, Ana María Vielba, también nombrada ayer sábado, será la encargada de elaborar los decretos de estructura de las consejerías, que pretende aprobar el próximo Consejo de Gobierno, previsto el martes 5 de febrero, cuando también tiene intención de nombrar al portavoz del Ejecutivo.

Dentro del departamento que dirige Elías Bendodo, y al que se incorpora Sanz, estará también como secretaria general para la Administración Pública Ana María Vielba, hasta ahora secretaria general adjunta del consejo de administración de la RTVA. Otros nombramientos en el ámbito de las consejerías que corresponden al PP–A en el gobierno de coalición son los de Jorge Ramírez López –delegado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Andalucía bajo el Ministerio de Cristóbal Montoro– como viceconsejero de Hacienda, Industria y Energía, y de Ana María Corredera Quintana – que en su última etapa trabajó en el Ministerio del Interior dirigido por Juan Ignacio Zoido– como viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

También ocupará una viceconsejería –la de Salud y Familias– la que fuera parlamentaria del PP–A por Jaén y portavoz en la Comisión de Sanidad en la pasada legislatura Catalina Montserrat García Carrasco, mientras que el que fuera diputado autonómico por Sevilla Jaime Raynaud Soto será viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, materias en las que también fue portavoz en la última legislatura.

Además, como viceconsejero de Cultura y Patrimonio Histórico ha sido elegido Alejandro Romero Romero, que desde el año 2002 trabaja para la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y ahora se integra como ‘número dos’ en el departamento que dirige la ‘popular’ Patricia del Pozo.

Viceconsejeros ‘naranjas’

En el lado de las consejerías a cargo de Ciudadanos se aprobó el nombramiento como viceconsejero de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que dirige el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, de Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía y actual vicerrector de Posgrado y director Loyola School de la Universidad Loyola Andalucía.

Además, Isabel Balbín Luque, que trabajaba en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga, será viceconsejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; Marta Escrivá Torralva –parlamentaria autonómica y portavoz de Educación de Cs en la décima legislatura–, de Educación y Deporte, y como viceconsejera de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad se eligió a Lorena García de Izarra, hasta ahora secretaria del consejo de administración de Cobre Las Cruces. Finalmente, otro nombramiento en el ámbito de los departamentos que dirige Cs es el de Francisco José Martínez López –ex rector de la Universidad de Huelva– como viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Primeras medidas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aprovechaba el primer Consejo de Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos (Cs) para encargar al consejero de Hacienda, Alberto García Valera, que ponga en marcha una auditoría centrada en una docena de agencias públicas empresariales en el plazo de 45 días para determinar si hacen un uso adecuado del dinero público e iniciar el procedimiento para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones «en unos meses» con una bonificación al 99% mientras no sea suprimido por el Gobierno de la Nación en todo el Estado, una medida que supondrá un impacto en las cuentas andaluzas de 40 millones.

Moreno quiso dejar claro que la auditoría, en la que trabajarán la Cámara de Cuentas y la Intervención de la Junta y no supondrá un «gasto extra», no es «caprichosa» ni busca «bucear en el pasado», sino que persigue «levantar un nuevo porvenir» en el que no tendrán cabida organismos «duplicados», que «no tengan sentido» o a los que se destinen «recursos sin retorno para el bienestar de los andaluces».

Además, aseguró que su gobierno tiene la «firme determinación» de eliminar los organismos que no tengan una función clara, al objeto de que ese dinero se pueda destinar a crear empleo o mejorar la sanidad y la educación, mientras que ha dicho que aunque el plazo para un primer informe es de 45 días, esto no quita que «por la complejidad» pueda haber un estudio posterior.

También comparecía el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), que subrayó que estos dos primeros acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno son la prueba de un Ejecutivo «que cumple» los compromisos asumidos en el acuerdo de investidura entre PP y Cs. En alusión a la auditoría, subrayó que se ponen en marcha políticas de evaluación «para ver si el dinero se gasta en lo que se debe o no». «Si es eficaz el gasto, no habrá cambio e incluso se impulsará», aseguró.

Esta primera actuación se desarrollará sobre doce agencias públicas empresariales, tendrá un carácter prioritario sobre el resto de acciones recogidas en el Plan de Control Financiero, y el objetivo es que la Intervención ultime un informe provisional en un plazo de 45 días tras la aprobación del citado Plan. Asimismo, acordó encargar a la Cámara de Cuentas elaboración de un informe sobre la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía y la sociedad mercantil Canal Sur Radio y Televisión S.A. que analice, especialmente, la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público de radio y televisión.

En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Moreno precisó que su bonificación tendrá un impacto en las cuentas de 40 millones de euros y ha apuntado que gracias a bonificar este impuesto se acabará con «el empobrecimiento fiscal» que supone que muchos andaluces se hayan censado en otras comunidades. «Y también es en base a la concepción de que los tributos no puede dañar la integridad financiera de la familia porque este impuesto atenta contra el legado de una familia», agregó. De su lado, Juan Marín insistió en que es un tributo «injusto socialmente» e hizo hincapié en que «ya está bien de pasar toda la vida trabajando con el sudor de la frente para dejar algo a nuestros hijos y que a veces no se pueda recoger esa herencia porque se pagan más impuesto que lo que reciben».