IRREGULARIDADES

PP lamenta que Diputación incurra «en contrataciones irregulares»

Loaiza ha pedido a Fran González que «aclare los términos de esta sanción y explique los motivos»

CádizActualizado:

El portavoz del PP en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha lamentado «una nueva sanción» de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la institución provincial «por incumplir la normativa laboral al incurrir en contrataciones irregulares».

En un comunicado, Loaiza ha señalado que «la Diputación tendrá que hacer frente al pago de 626 euros por contrataciones irregulares», ya que la documentación a la que ha tenido acceso el PP indica que, «pese a que cabía presentar alegaciones en contra de la resolución, el Área de Función Pública ha estimado que no es pertinente dado que admite los hechos que motivaron la sanción».

Por ello, el portavoz popular ha pedido al responsable de personal de la Diputación, el socialista Fran González, que «aclare los términos de esta sanción y explique los motivos».

En cualquier caso, Loaiza ha solicitado formalmente acceso a los expedientes para «clarificar» lo que considera «un nuevo episodio turbio en la gestión política de González». Asimismo, ha considerado «escandaloso» que Diputación «vuelva a estar en la picota por una política de personal y contratación irregular» y ha lamentado que «los gaditanos vuelvan a cargar con la factura de las tropelías del cargo socialista».

En este sentido, ha recordado que «durante el año 2017, Diputación fue sancionada en tres ocasiones, por mas de 8.200 euros». «El gobierno socialista vulneró la normativa en dos ocasiones con 19 contrataciones en las residencias de mayores y cedió ilegalmente un trabajador a una empresa», ha criticado.

Las sanciones, denunciadas por el PP, se sumaban a las denuncias de contratos precarios en los centros de mayores por parte de los sindicatos en verano de 2016, la acusación de la existencia de redes clientelares en Diputación por parte de la histórica dirigente socialista María Jesús Castro, la ampliación del centro de trabajo de un sindicalista liberado y sospechas en los procesos de selección de personal para arquitectos técnicos y ayudantes de recaudación.

«Los propios sindicatos reclamaron el cese a la presidenta de la Diputación por la forma de actuar de González, a quien acusaban de manejar a fuerza de decretos al personal, todo al margen de la ley y fomentando el clientelismo político», ha subrayado el dirigente popular.

De igual modo, Loaiza ha censurado que, el gobierno socialista «impida el acceso a la documentación, pues solicité en febrero una comisión informativa, tras conocer las primeras sanciones laborales en 2017, y el diputado socialista nos dio la mitad de la documentación requerida».

«Desde entonces, nos lleva prometiendo que podremos conocer las denuncias presentadas por los sindicatos sobre contratación pero no tenemos nada», ha agregado Loaiza.

Por último, ha denunciado que «Diputación está llevando a cabo traslados y nombramientos al margen de los procedimientos normales en estos casos, tanto es así que esta situación es permanente desde hace tres años y los propios trabajadores y sindicatos han insistido en la existencia de tratos de favor».